Actualidad jurídica
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Comentarios sobre novedades normativas y jurisprudenciales, redactados por el despacho con vocación divulgativa y sin sustituir el asesoramiento individualizado.
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El administrador contrató con su propia empresa: por qué la demanda de la sociedad no prosperó
El administrador de una sociedad limitada encargó durante años las obras a una empresa suya, sin informar en las cuentas. La STS 1129/2026, de 13 de julio, confirma su absolución: la acción social exige probar un daño, y no se acreditó que se pagara por encima de mercado. Y la ganancia del administrador hay que pedirla en la demanda. Qué tiene a mano el socio que lo descubre.
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Avisó a tiempo de que cambiaban los ingresos de casa y le reclaman la pensión no contributiva: lo que dicen los tribunales
Quien cobra una pensión no contributiva y comunica en plazo que suben los ingresos de casa no debe recibir una extinción hacia atrás con reclamación en bloque: la Administración ha de ajustar el pago desde el mes siguiente y regularizar al cerrar el año (STSJ AS 1609/2026). Y si el error fue de la Administración, puede no haber nada que devolver (STSJ CLM 213/2026).
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Quiere alquilar su piso a turistas: la comunidad puede prohibirlo por tres quintos, y desde 2025 tiene que aprobarlo antes
La junta de propietarios puede prohibir los pisos turísticos del edificio por tres quintos de propietarios y de cuotas, sin unanimidad: el Supremo lo confirma en un edificio de Orihuela Costa. Desde abril de 2025, además, quien quiera empezar con esa actividad necesita antes la aprobación expresa de la comunidad. Qué cambia para el propietario y para el vecino, y los plazos para impugnar el acuerdo.
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Se cayó en la acera o en un parque y reclama al ayuntamiento: lo que tiene que poder probar
Caerse en la calle no basta para que el ayuntamiento indemnice: hay que poder probar dónde fue, qué desperfecto había y que causó la caída. El TSJ de Madrid anula una indemnización de 41.952,97 euros por una caída en un parque sin más prueba que el relato y el parte médico (STSJ 853/2026), y el de la Comunitat Valenciana deja fuera un sendero de la costa de Xàbia (STSJ 679/2026). Qué abre la puerta y qué plazos corren.
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Los dos decretos de vivienda: el 29/2026 sigue en vigor y el 28/2026, el de los alquileres indefinidos, no llega a aplicarse
La Diputación Permanente convalidó el 12 de noviembre el RDL 29/2026 y derogó el 28/2026. Explicamos qué sigue en vigor —prórroga extraordinaria del alquiler, tope del 2 % a la renta, desahucios de vulnerables, línea TU CASA— y por qué los alquileres indefinidos no llegaron a aplicarse.
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Compró la parte de su socio ocultándole que un fondo quería la empresa entera: el Supremo confirma la estafa
Un socio sabía que un fondo ofrecía 68 millones por toda la empresa, lo calló y compró la parte del otro por seis. La STS 623/2026, de 20 de octubre, confirma cinco años de prisión por estafa: explicamos por qué callar puede ser engaño, por qué no es administración desleal y en qué se fijó el tribunal.
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La universidad le deniega la matrícula o le cobra unas tasas de las que estaba exento: cómo reclamar y en qué plazos
La universidad pública es una Administración, y sus decisiones sobre matrícula y precios se recurren como las de cualquier otra. Dos casos frecuentes: la matrícula denegada por la normativa de permanencia y la exención por discapacidad que la universidad retira después de haberla aplicado. Alzada ante el rector, reposición, contencioso, medida cautelar de matrícula provisional y los plazos de cada paso, con la Ley Orgánica 2/2023 y el Decreto 101/2024 del Consell a la vista.
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Le sancionaron por una infracción grave: el Supremo dice que eso no le cierra la segunda oportunidad
Una sanción grave de Hacienda o de la Seguridad Social no impide la segunda oportunidad, aunque supere los cinco mil euros y esté sin pagar. El Supremo lo declara en las SSTS 1550, 1551 y 1552/2026, de 2 de octubre, y lo reitera en la STS 1657/2026: lo que justifica la exclusión es el fraude, y ese solo está en la muy grave, que sigue cerrando la puerta si no se paga.
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Vive con un hijo o con su excónyuge y le quitan la pensión no contributiva: quién cuenta en la unidad de convivencia
La pensión no contributiva se mide por la unidad de convivencia: el sueldo del hijo con el que se vive cuenta por su importe bruto y hay que comunicar los cambios en treinta días, dice el TSJ de Madrid, que aun así acorta la devolución por la demora de la Administración. Y el TSJ de Cataluña excluye de la unidad al excónyuge separado judicialmente aunque compartan casa, frente al criterio del IMSERSO.
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Pagó de más en una autoliquidación: por qué el plazo de cuatro años para pedir la devolución no se salva después con la nulidad
Quien calcula e ingresa él mismo un impuesto —la renta, sucesiones, transmisiones o la plusvalía en régimen de autoliquidación— y descubre que pagó de más tiene cuatro años para pedir la rectificación y la devolución. La STS 1146/2026, de 14 de octubre, reitera que pasado ese plazo no cabe pedir la nulidad de pleno derecho de la autoliquidación, aunque se pagara conforme a una norma contraria al Derecho europeo.
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Separados de hecho durante años y él seguía pagando: por qué la pensión compensatoria puede ser solo temporal
Nueve años separados de hecho y él seguía pagando cada mes: la esposa conserva el derecho a la pensión compensatoria, porque la dependencia económica no se rompió. Pero la STS 1628/2026, de 19 de octubre, confirma que dure solo tres años: esos años cuentan como tiempo para reorganizarse, y pesan también la formación y la liquidación de los gananciales.
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Un alumno de FP se lesiona en las prácticas en la empresa: el Supremo declara que responde la Administración educativa
Un alumno de un instituto público perdió dos falanges en la empresa donde hacía la fase práctica de su ciclo de FP dual, y la Administración sostuvo que el daño era cosa de la empresa. La STS 1186/2026, de 22 de octubre, fija doctrina: la formación en la empresa forma parte del servicio educativo del que es titular la Administración, de modo que responde ella, aunque la causa se atribuya a la empresa o a la inexperiencia del propio alumno. Plazos, cauce y hasta dónde llega.
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El administrador se fijó un sueldo de gerente sin trabajar: el Supremo confirma la condena por administración desleal
El administrador único de una sociedad limitada se asignó una nómina de gerente sin el consentimiento de los otros socios y sin desempeñar esa función. La STS 611/2026, de 14 de octubre, mantiene el año de prisión por administración desleal, explica por qué no le salva alegar que aquello sería apropiación indebida y deja claro lo que no castiga.
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Le deniegan la renovación de la residencia por una reseña policial: por qué no basta por sí sola
Una reseña policial no acredita que se haya cometido un delito. La STS 1134/2026, de 8 de octubre, y la STS 733/2026, de 11 de junio, anulan dos denegaciones de renovación de residencia humanitaria basadas en ella y exigen valorar los hechos, su recorrido judicial y las circunstancias personales. Qué alcance tiene esa doctrina, qué no dice y qué plazos corren.
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Vasectomía fallida sin informar del riesgo: el Supremo reconoce a la pareja un derecho propio a reclamar
El derecho a la información antes de una operación es solo del paciente, pero su omisión puede causar a la pareja un daño propio. La STS 1174/2026, de 21 de octubre, reconoce legitimación a la esposa de quien se sometió a una vasectomía sin ser advertido del riesgo de fallo. Qué se indemniza, qué no, hasta dónde llega la doctrina y qué plazos rigen.
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Disolvieron la sociedad y el socio mayoritario se quedó con todo: el Supremo anula la venta
Una sociedad limitada se disolvió con el voto del socio mayoritario, que nombró al liquidador y le compró después todo el patrimonio muy por debajo de su valor; al minoritario le tocaron 2.087 euros. La STS 1433/2026, de 16 de septiembre, declara nula la venta por causa ilícita. Qué pesó en la decisión, qué no basta y qué plazo tiene el minoritario para impugnar el balance final.
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Compró un piso, lo reformó y apareció un vicio oculto: por qué puede perder lo invertido en las obras
Una compradora resolvió la venta de un piso con aluminosis y recuperó el precio y los gastos, pero no los 46.465,74 euros de la reforma, porque el vendedor ignoraba el defecto. La STS 1448/2026, de 17 de septiembre, mantiene ese resultado sin zanjar el enriquecimiento injusto, que no se planteó en la demanda. Y el plazo es de seis meses desde la entrega.
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Vendió o traspasó bienes con una reclamación en marcha: cuándo es alzamiento y cuándo no
Tener una deuda reclamada no prohíbe vender, pero una operación que dificulte el cobro y se haga con ese fin puede ser delito, aunque no se oculte nada. El Tribunal Supremo confirma tres años de prisión por subarrendar camiones durante el pleito (STS 383/2026, de 10 de junio) y mantiene una absolución por vender un barco a otra sociedad del mismo administrador (STS 386/2026, de 4 de junio). Qué separa los dos casos.
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Debe por la hipoteca más de lo que vale el inmueble y pide la segunda oportunidad: el Supremo aclara qué parte se exonera
Cuando la hipoteca supera el valor del inmueble y el concurso se declara sin masa, no cabe recalcular las cuotas para conservar el bien: eso es del plan de pagos. Pero la parte del préstamo que la venta no cubra sí se exonera, y la resolución tiene que decirlo expresamente. Lo fija la STS 1649/2026, de 22 de octubre, leída a texto completo.
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Los abuelos mantuvieron a los nietos porque el padre no pagaba: lo que gastaron se descuenta de la herencia de ese hijo
Cuando los abuelos pagan la manutención de sus nietos porque el padre, pudiendo, no lo hace, están pagando una deuda de su hijo, y en su herencia se le descuenta de su parte. El Supremo lo declara en la STS 1542/2026, de 1 de octubre, sin exigir una sentencia previa de alimentos. Qué condiciones pide y qué deja abierto.
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Lesiones con un objeto: por qué la misma agresión puede costar tres meses o dos años de prisión
Usar un objeto en una agresión no convierte por sí solo las lesiones en agravadas, castigadas con prisión de dos a cinco años. El Tribunal Supremo exige que la forma concreta de usarlo fuera peligrosa: una piedra lanzada con fuerza a la cara lo es aunque no conste su tamaño (STS 616/2026, de 15 de octubre); un solo golpe con una muleta en el brazo, descrito sin más detalle, no (STS 161/2026, de 25 de febrero).
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Pasó en rojo y hubo heridos: cuándo es imprudencia grave, con prisión, y cuándo menos grave, con multa
Causar lesiones al volante por una infracción grave de tráfico, como saltarse un semáforo, es por regla general imprudencia menos grave, con multa y de tres a dieciocho meses sin conducir; solo es grave, con prisión, cuando hay un plus de desvalor que el tribunal debe razonar. El Supremo lo reitera en la STS 599/2026, de 8 de octubre, y explica qué distingue arrancar en rojo sin ver el semáforo de ver el rojo y seguir.
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Aceptó la herencia a beneficio de inventario y Hacienda le reclama la deuda del fallecido: lo que el inventario no cubre
Aceptar la herencia a beneficio de inventario limita la deuda con Hacienda que dejó el fallecido al valor de lo heredado, pero no los intereses de la suspensión que el propio heredero pida para no pagarla mientras recurre: esos los paga con su patrimonio. Lo fija el Supremo en la STS 1130/2026, de 8 de octubre. Qué revisar antes de recurrir una deuda fiscal heredada.
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Vende la nuda propiedad de su casa o hereda un piso: qué cuenta para la pensión no contributiva
Para la pensión no contributiva no cuenta el valor de la casa ni el precio de lo que se vende, sino la ganancia. El TSJ de Aragón restablece la pensión de quien vendió la nuda propiedad de su vivienda y siguió viviendo en ella, y compensa ganancias con pérdidas; el de Extremadura descuenta de la ganancia los gastos e impuestos de la venta. Los dos se apartan de los criterios del IMSERSO.
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La sociedad le niega la separación: el Registro Mercantil puede nombrar igualmente al experto que valore su parte
El socio que ejerce su derecho a separarse de una sociedad limitada puede pedir al registrador mercantil que nombre un experto para valorar sus participaciones aunque la sociedad niegue ese derecho. La STS 1089/2026, de 3 de julio, en un asunto de Valencia, deja la discusión sobre el derecho para los tribunales y explica cuándo el registrador sí debe detenerse.
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Envió el recurso por Correos dentro de plazo y la Administración dice que llegó tarde: la fecha que vale
Un recurso enviado por correo certificado dentro de plazo vale desde la fecha del resguardo de Correos, aunque el sobre fuera cerrado y entrase en el registro de la Administración con el plazo vencido. Lo fija el Supremo en la STS 1074/2026, de 29 de septiembre, con tres condiciones: fecha, remitente y órgano destinatario en el resguardo, y ninguna duda razonable sobre lo enviado. Qué revisar si le inadmitieron el recurso por tardío.
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Paga pensión de alimentos con custodia compartida: el Supremo le reconoce la ventaja fiscal que Hacienda negaba
Con custodia compartida, el progenitor que paga una pensión de alimentos fijada por el juez puede aplicar en el mismo IRPF el mínimo por descendientes y el régimen especial de las anualidades por alimentos, en función del tiempo de convivencia. El Supremo corrige así el criterio con el que Hacienda regularizaba estas declaraciones (STS 1054/2026, de 23 de septiembre). Qué hacer según en qué punto esté.
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Pagar con una tarjeta ajena es delito aunque sean pocos euros: el Supremo descarta el delito leve
Pagar con una tarjeta de crédito o de débito ajena es delito castigado con prisión de seis meses a tres años aunque el importe no llegue a 400 euros. El Tribunal Supremo descarta el delito leve, repone una condena por tres consumiciones de 10,50 euros y explica qué margen queda: la suspensión de la pena y la conformidad en el juicio rápido (STS 565/2026, de 25 de septiembre).
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¿Le pueden negar la segunda oportunidad por haber pedido demasiados préstamos?
El art. 487.1.6.º TRLC excluye de la exoneración al deudor que se endeudó de forma temeraria o negligente. La Audiencia de Barcelona recuerda en dos autos de 5 de octubre que no basta comparar deudas e ingresos: hay que valorar por qué se pidió cada préstamo. El Supremo ha admitido un recurso de Valencia para fijar el criterio; está pendiente.
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Le operaron en una clínica privada enviado por la sanidad pública: a quién reclamar si sale mal
Cuando la sanidad pública deriva a un paciente a una clínica privada concertada y la operación le causa un daño, responde la Administración. La STS 1561/2025, de 2 de diciembre, fija doctrina: la reclamación presentada ante la clínica tiene los mismos efectos que la dirigida a la Administración. El plazo es de un año desde la curación o la determinación de las secuelas.
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Tarjeta revolving: cuándo hay usura y qué queda si no la hay
Una tarjeta revolving es usuraria cuando su TAE supera en más de seis puntos el tipo medio que publicaba el Banco de España en la fecha del contrato, y entonces solo se devuelve el capital. La STS 1520/2026, de 28 de septiembre, descarta la usura en una TAE del 26,70 %, pero no cierra el caso: devuelve a la Audiencia la vía subsidiaria de la transparencia, que puede eliminar el interés aunque no haya usura.
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El SEPE le reclama el subsidio que le pagó por error: cuándo no tiene que devolverlo
Cuando el SEPE reclama un subsidio que pagó por su propio error, no siempre hay que devolverlo. Si el beneficiario no provocó el error, cobró de buena fe y el subsidio cubría necesidades básicas, el Supremo considera desproporcionado el reintegro (STS 408/2026, de 16 de abril). No es automático: el SEPE puede corregir sin plazo los errores materiales, la deuda prescribe a los cuatro años y para oponerse hay treinta días.
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Sociedad liquidada con deudas: Hacienda debe ir a los socios antes que al administrador
Cuando una sociedad se ha disuelto y liquidado, sus deudas tributarias pasan por ley a sus socios. El Tribunal Supremo declara que Hacienda no puede derivarlas al administrador sin haber declarado antes fallidos a esos socios, y que el fallido dictado frente a una sociedad ya extinguida es ineficaz (STS 764/2026, de 18 de junio).
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Multa de tráfico: lo que pierde si paga con descuento y lo que arriesga si no hace nada
Ante una multa de tráfico hay veinte días naturales para elegir. Pagar con el 50 % de descuento cierra el expediente, pero supone renunciar a alegar, hace firme la sanción y, con ella, la pérdida de puntos; alegar conserva la discusión, y lo que no se aporte entonces ya no se tiene en cuenta en el recurso. Si no se hace nada, en muchos casos la denuncia vale como sanción. Y si no conducía usted, no identificar al conductor se castiga con el doble o el triple (arts. 93 a 96 de la Ley sobre Tráfico).
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Pagó las obras de una vivienda que no era suya: el Supremo permite recuperar lo invertido
Quien pagó las obras de una vivienda ajena —de los suegros, de los padres de la pareja— con el conocimiento y consentimiento del dueño puede reclamar lo invertido por enriquecimiento injusto, porque en ese caso no rigen las reglas de la accesión del artículo 361 CC. El Supremo lo fija como doctrina (STS 1306/2026, de 23 de julio) y condena a devolver 47.463,02 euros. Lo decisivo: cómo se plantea la demanda y cómo se prueba quién pagó.
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Recurre una liquidación de Hacienda: cómo evitar que se la cobren mientras tanto
Recurrir una liquidación no detiene su cobro: lo detiene la suspensión, que es automática si se garantiza la deuda con aval, seguro de caución o depósito. Al llegar al juzgado, el artículo 233.11 LGT la mantiene si se comunica a tiempo el recurso, y el Supremo (STS 1023/2026, de 21 de septiembre) obliga al juez a valorar esa garantía y a motivar con especial cuidado si deniega la suspensión.
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Invirtió en una sociedad que acabó en concurso: cuándo hay estafa aunque el concurso sea fortuito
Que un negocio fracase no es delito; sí lo es captar inversores con un plan que se sabía inviable y ocultando las deudas. El Tribunal Supremo confirma una condena por estafa y la devolución íntegra de lo invertido, y recuerda que la calificación fortuita del concurso no vincula al juez penal (STS 530/2026, de 15 de septiembre).
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Le sancionó Hacienda: ¿puede pedir la segunda oportunidad?
Una sanción de Hacienda no cierra siempre la segunda oportunidad. La muy grave excluye la exoneración si no está pagada; la grave, solo si supera el cincuenta por ciento de lo exonerable frente a Hacienda. El Tribunal Supremo ha admitido a casación cómo se calcula ese límite cuando hay varias sanciones (ATS 7873/2026, de 9 de septiembre): la cuestión está pendiente.
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La notificación electrónica que no se abre: cómo se cuentan los diez días
Cuando una notificación electrónica no se abre, la ley la tiene por rechazada a los diez días naturales y el plazo de recurso echa a andar. El Tribunal Supremo precisa cómo se cuentan: desde el día siguiente a la puesta a disposición, y el plazo para recurrir, desde el día siguiente a la notificación así practicada (STS 740/2026, de 12 de junio). Un día mal contado había dejado un recurso fuera de plazo.
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Vivienda entregada con retraso: el promotor paga su valor de uso
Quien recibe tarde la vivienda que compró sobre plano no tiene que probar que pagó un alquiler para ser indemnizado: el Tribunal Supremo confirma que el retraso produce por sí mismo un daño, la pérdida del valor de uso, y que se mide por el alquiler de una vivienda similar durante la demora (STS 1410/2026, de 10 de septiembre). Qué límites tiene esa doctrina y qué pesa la cláusula penal del contrato.
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El año para reclamar a la Administración: cuándo empieza a contar
El año para reclamar a la Administración tiene tres puntos de partida posibles, y el Tribunal Supremo recuerda que no se aplican mecánicamente (STS 678/2026, de 2 de junio): con daños físicos o psíquicos cuenta el alta, no el hecho, y reclamar antes no perjudica. Si el daño nace de un acto anulado, el año corre desde la notificación de la sentencia, que por sí sola no indemniza.
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«Era una broma»: qué hace falta para que una amenaza sea delito
Dos sentencias de la Sala Segunda del mismo día resuelven los dos extremos del delito de amenazas. En la primera, quienes fingieron un asalto a un vigilante alegaron que era una broma: el Supremo responde que no hace falta querer cumplir el mal, basta que la conducta, vista desde fuera, sirva para intimidar. En la segunda confirma una absolución porque la frase enviada a través de la hija admitía varias lecturas.
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El administrador que invierte el dinero de la sociedad y lo pierde
Un órgano de administración colocó dos millones y medio de excedente de tesorería en bonos garantizados por el Banco Popular, y la resolución de 2017 los dejó en nada. El Tribunal Supremo acaba de absolver a sus siete miembros y, al hacerlo, desgrana las cuatro condiciones del artículo 226 LSC y los datos concretos que acreditaron la diligencia. Lo que se juzga es el procedimiento de la decisión, no su resultado.
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Lo que paga por la dependencia de un familiar es una tasa
Cada mes llega la liquidación del copago por la residencia, el centro de día o la ayuda a domicilio de un familiar dependiente. El Tribunal Supremo ha fijado qué es exactamente eso que se paga: una tasa, y no un precio público, porque un servicio imprescindible para la vida de quien lo recibe no se solicita voluntariamente. La consecuencia es que lo ampara la reserva de ley.
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El hijo omitido en el testamento
¿Puede reclamar algo el hijo al que su padre no nombró en el testamento? La STS 805/2026, de 27 de mayo, recuerda que la preterición no perjudica la legítima, que la intencional da derecho a la legítima estricta compartida con los hermanos y que el reparto hecho sin él se anula si hubo mala fe (art. 1080 CC), como en el caso, con la filiación en litigio y el inmueble infravalorado.
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Le caducó el expediente de la multa: qué gana con eso y qué no
Cuando la Administración deja pasar el plazo sin notificar la resolución, el expediente sancionador caduca y se archiva. Pero caducar no es prescribir: puede incoarse otro por los mismos hechos. Lo que sí se gana es tiempo —un procedimiento caducado no interrumpe la prescripción—, de modo que la pregunta útil no es si ha caducado, sino si, descontado, queda plazo.
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Cuándo copiar un producto es competencia desleal
Imitar lo que no está protegido por un derecho de exclusiva es libre: así lo dice el artículo 11.1 de la Ley de Competencia Desleal, y así lo recuerda la STS 1408/2026, de 10 de septiembre, que cierra en Valencia un litigio sobre diseños. Para que la imitación sea desleal hace falta algo más: riesgo de asociación en el consumidor o un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, que la Sala solo aprecia si constan acreditados los costes de crear lo imitado.
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El coche financiado en la segunda oportunidad
La deuda del coche comprado a plazos con reserva de dominio, ¿se exonera en la segunda oportunidad? La Audiencia de Barcelona la considera deuda con garantía real no exonerable, los juzgados mercantiles barceloneses la exoneran si se devuelve el vehículo y un juzgado de Valencia la exoneró sin más. El Supremo ha admitido la cuestión a casación el 9 de septiembre de 2026: aún no hay doctrina.
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La casa de la herencia que ocupa un solo heredero
Cuando la herencia no se ha repartido y uno de los herederos ocupa la vivienda, el resto no puede reclamarle en su propio nombre la renta que habría dado. La STS 701/2026, de 7 de mayo, explica por qué lo que se deba se debe a la herencia, qué vías caben mientras tanto —el desahucio por precario en beneficio de la comunidad y la partición— y qué se ajusta en el reparto conforme al art. 1063 CC.
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Le devuelven lo cobrado por una cláusula abusiva: los intereses corren desde cada pago
El Tribunal Supremo ha fijado en su Sentencia 1308/2026, de 23 de julio, que lo cobrado en aplicación de una cláusula abusiva se devuelve con el interés legal desde la fecha de cada pago, y no desde la reclamación judicial. La distinción separa el artículo 1303 del Código Civil, que restituye, del 1108, que indemniza la mora: entre uno y otro pueden mediar años.
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Hacienda retiene su devolución por un embargo: el Supremo admite reclamar
Hacienda reconoce una devolución y, en lugar de pagarla, comunica que la aplica a un embargo. El Tribunal Supremo, en la sentencia 919/2026, de 15 de julio, y en las que la reiteran, declara que esa «comunicación de pago de devolución» es reclamable en vía económico-administrativa y que la Administración debe justificar cómo aplica la orden y cómo afecta al crédito. Plazo: un mes.
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De residencia no lucrativa a cuenta ajena: aquí el silencio no concede
En la Ley Orgánica 4/2000 renovar y modificar significan cosas opuestas: la renovación callada se entiende concedida y la modificación callada, denegada. Quien pasa de una residencia no lucrativa a una autorización de trabajo por cuenta ajena se rige por el artículo 191.4 del Reglamento, tiene el silencio en contra a los tres meses y, a diferencia del estudiante o del arraigo, no queda habilitado provisionalmente para trabajar.
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Parientes que se quedan con el dinero: dónde acaba la exención del artículo 268 del Código Penal
La Sala Segunda, en su sentencia 523/2026, de 29 de julio, confirma la condena por apropiación indebida de una sobrina que retuvo el dinero de la herencia de su madre y de sus tías, y precisa el alcance del artículo 268 del Código Penal: la exención se examina víctima por víctima, alcanza a ascendientes, descendientes y hermanos, no a tíos, sobrinos ni primos, y deja intacta la obligación de restituir.
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Nómina, pensión y cuenta bancaria en la segunda oportunidad: qué parte entra en el concurso
Quien piensa en la segunda oportunidad y cobra una nómina o una pensión suele preguntar primero por su cuenta. Tres autos de audiencias provinciales de 2026 aplican la misma regla: lo inembargable queda fuera del concurso, pero lo que lo excede, también lo que se cobre durante el procedimiento, forma parte de la masa activa y decide si el concurso se tramita con masa o sin ella.
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Deuda con la Seguridad Social y segunda oportunidad: quién puede entrar y cuánto se exonera
Una resolución de Lleida difundida esta semana exoneró a un hostelero 38.607,95 euros de deuda con la Seguridad Social, cuando el artículo 489.1.5º habla de diez mil. La explicación está en dos sentencias del Tribunal Supremo del mismo día: una impide que el acuerdo de derivación de responsabilidad excluya sin más del beneficio, y otra deja los recargos y los intereses fuera del tope.
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El Catastro revisa su vivienda: dieciocho meses para la inspección, seis para la regularización
Cuando el Catastro descubre un porche cerrado o una buhardilla acondicionada, sube el valor catastral y con él el IBI. El Tribunal Supremo ha reiterado en julio que la inspección catastral tiene dieciocho meses y que excederlos no caduca el expediente, aunque deje ejercicios fuera por prescripción. La regularización de la disposición adicional tercera, en cambio, sí caduca a los seis meses.
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Demandas inadmitidas por el requisito de procedibilidad: qué están admitiendo las audiencias y qué no
Desde el 3 de abril de 2025 no se admite una demanda civil sin haber intentado antes una negociación, y los juzgados están inadmitiendo. Los autos de julio de 2026 de las Audiencias de Barcelona y Cantabria, junto con el acuerdo de unificación de criterios de la primera, empiezan a fijar qué acredita ese intento: el requerimiento de pago de siempre no basta fuera del ámbito de consumo, y hay que probar que la invitación se recibió.
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IBI y tasa de basuras en el alquiler: el pacto es válido, pero cobrarlos exige recibos y notificación
Muchos contratos de alquiler cargan al inquilino el IBI y la tasa de basuras, y el Tribunal Supremo zanjó en noviembre que ese pacto es válido aunque el contrato no diga cuánto se paga. Pero cobrar es otra cosa: una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de junio confirma la desestimación de un desahucio porque el propietario no aportó los recibos y porque había notificado tarde la subida del IPC.
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Grabar a la policía en la calle: qué puede sancionarse, qué no, y cuándo pueden pedirle el DNI
Es creencia extendida que grabar a un agente en la vía pública está prohibido o exige su permiso. No lo está desde la STC 172/2020, que anuló el inciso «no autorizado» del artículo 36.23 LOPSC y dejó dicho que la mera captación no basta: hace falta difusión y un peligro concreto. Se repasan también los dos supuestos en que cabe pedir la identificación y por qué pagar la multa con el descuento del 50 % supone renunciar a alegar.
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Deudas pequeñas con la familia y con el abogado: el Supremo confirma que hay pluralidad de acreedores
La Agencia Tributaria sostenía que aquel concurso tenía un solo acreedor de verdad — 196.019,19 euros — y que los otros cuatro, el abogado, el procurador, una tía y un hermano, se habían creado para simular la pluralidad. La STS 185/2026, de 10 de febrero, desestima el recurso, pero lo hace confirmando una valoración de hecho de la Audiencia, no sentando doctrina; y deja en cambio un criterio nítido sobre la calificación culpable.
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La reserva de la denominación caduca a los seis meses: no basta con otorgar la escritura a tiempo
La Resolución de la DGSJFP de 29 de abril de 2026 rechaza inscribir un cambio de denominación social porque la reserva del nombre, que vive seis meses desde que se expide la certificación del Registro Mercantil Central, había caducado cuando la escritura llegó al registro. No basta con que estuviera vigente el día de la firma, y la prórroga del artículo 412.3 RRM exige un título ya presentado.
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Venta de activos esenciales sin acuerdo de junta: qué ocurre con el comprador
La sentencia 881/2026, de 9 de junio, de la Sala Primera del Tribunal Supremo resuelve por primera vez qué ocurre cuando el administrador vende activos esenciales sin el acuerdo de junta que exige el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital: aplica por analogía el artículo 234.2 y protege al tercero que obró de buena fe y sin culpa grave, aunque en el caso enjuiciado anuló la venta por no apreciarla.
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Le retiran la pensión no contributiva y le reclaman cuatro años: qué margen queda
La Sala Cuarta cerró en abril de 2026 la vía por la que caían muchos de estos expedientes: extinguir la pensión por superarse el límite de rentas y reclamar el reintegro es acto de gestión ordinaria, y no exige demanda judicial. Sigue abierto, en cambio, el juicio de proporcionalidad de la doctrina Çakarević, que mide la diligencia de la Administración y ha reducido reintegros de diecisiete mil euros a tres mil.
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Cuándo se revoca la exoneración de deudas
El artículo 490 del texto refundido de la Ley Concursal deja a los acreedores una sola acción frente al deudor exonerado: pedir la revocación. El artículo 493 la tasa en tres supuestos —ocultación de bienes, mejora de fortuna por herencia o azar y condena firme sobrevenida— y la limita a tres años. Fuera de ahí, la cancelación no se reabre.
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Le embargan la cuenta por una multa y el dinero era su nómina: hasta dónde llega la protección
El artículo 607.1 LEC deja fuera de embargo el salario mínimo interprofesional y el artículo 171.3 LGT obliga a respetar ese límite en la cuenta donde se abonan sueldos o pensiones, pero solo protege lo ingresado en el mes del embargo o en el anterior. Tres sentencias de la Sala Tercera de julio de 2026 —una de ellas sobre ejecución de multas de tráfico— vuelven sobre el saldo acumulado y su origen.
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Pidió el arraigo extraordinario y no le contestan: qué significa ese silencio
El plazo para pedir las dos vías de arraigo que introdujo el Real Decreto 316/2026 terminó el 30 de junio. Quien la solicitó a tiempo debe saber que la Administración tiene tres meses, que el silencio es desestimatorio, que ese plazo puede estar suspendido si se pidieron antecedentes penales al extranjero —y entonces no ha corrido entero— y que, mientras no se resuelva, su habilitación provisional para residir y trabajar sigue viva.
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El Supremo anula el interés de dos hipotecas inversas por falta de transparencia
Dos sentencias de la Sala Primera de julio de 2026 declaran abusiva por falta de transparencia la cláusula de interés retributivo de sendas hipotecas inversas, porque no se advirtió debidamente que el interés se liquidaba también sobre los intereses ya devengados. El préstamo subsiste sin esa cláusula y sin posibilidad de integrarlo, y la segunda añade un límite sobre la legitimación de los herederos.
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Frente al silencio hay seis meses para recurrir, pero eso no salva un recurso mal agotado
Contra un acto presunto el artículo 46.1 LJCA concede seis meses, no dos, y los artículos 122.1 y 124.1 de la Ley 39/2015 permiten recurrir en vía administrativa en cualquier momento. Pero tres sentencias de la Sala Tercera de julio de 2026 recuerdan que esa holgura se refiere al plazo y no cura la falta de agotamiento de la vía previa: las dos primeras terminan en inadmisión.
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Notificado en agosto: el plazo para recurrir no empieza hasta el 1 de septiembre
El artículo 128.2 LJCA suspende durante agosto los plazos del proceso contencioso-administrativo, y la sentencia n.º 913/2026, de 15 de julio, sitúa el día inicial de los dos meses del artículo 46.1 en el 1 de septiembre, cualquiera que fuese el día de la notificación. La regla no alcanza, en cambio, a la alzada ni a la reposición, cuyo plazo de un mes sí corrió durante agosto.
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Dar de baja la luz de una vivienda: cuándo hay coacciones y cuándo no
El Pleno de la Sala Segunda, en su sentencia 426/2026, de 24 de junio, hace depender la calificación penal del corte de suministros de un dato previo: si quien lo sufre tiene derecho a estar en el inmueble. Frente al ocupante sin título, la baja no es por regla general coacciones; frente a quien conserva ese derecho, sí lo fue. Con voto particular de cuatro magistrados.
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La deuda que no se lista, no se cancela
El Tribunal Supremo, en el bloque de sentencias de 18 de febrero de 2026, exige que la resolución que concede la exoneración identifique los créditos exonerados, sin declaraciones genéricas. La relación de acreedores deja de ser un trámite de ordenación y pasa a delimitar el alcance del beneficio. La cuestión, sin embargo, no está cerrada.
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El administrador entrante no responde de las deudas anteriores a su nombramiento
La sentencia 323/2026, de 26 de febrero, de la Sala Primera del Tribunal Supremo confirma que la responsabilidad del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital no opera hacia atrás: quien acepta el cargo en una sociedad ya incursa en causa de disolución estrena su propio plazo de dos meses y responde solo de las obligaciones nacidas después de su aceptación, nunca de las anteriores.
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Prestar una vivienda «mientras la necesite»
El Tribunal Supremo declara que ceder gratuitamente una vivienda «mientras se necesite», sin plazo ni uso determinado, no es comodato sino precario: la mera necesidad de alojamiento no constituye un uso determinado a efectos del artículo 1750 del Código Civil, de modo que el propietario puede reclamar la restitución a su voluntad, por el cauce del juicio verbal.
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La declaración responsable no es un acto administrativo: no cabe recurso contra ella
La sentencia 473/2026, de 20 de abril, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo declara que ni la comunicación previa ni la declaración responsable son actos administrativos, de modo que no cabe recurso contra ellas: solo lo es lo que la Administración dicte después al ejercer sus facultades de comprobación, control e inspección. A quien resulta afectado por la actividad le queda pedir esa intervención y, si no se produce, el recurso contra la inactividad del artículo 29 de la Ley de la Jurisdicción.
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Impago o estafa: la frontera está en el engaño previo, no en la deuda
La Audiencia Provincial de Castellón condena a un año de prisión a quien se alojó casi un mes en un hotel en pensión completa sabiendo desde el primer día que no iba a pagar. El incumplimiento de una obligación de pago pertenece al orden civil; lo que traslada el asunto al penal es un engaño anterior o simultáneo al acto de disposición, conforme al artículo 248 del Código Penal.
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La vivienda hipotecada en la segunda oportunidad
La sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2026 descarta que el plan de pagos sirva para recortar la hipoteca en el concurso sin masa: un plan que no destina nada a los créditos exonerables no reúne el contenido mínimo del artículo 496.1 del texto refundido de la Ley Concursal. La cuestión, entretanto, está planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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Reducción de capital por pérdidas: la unanimidad de los socios no sustituye al informe del auditor
La Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 19 de mayo de 2026, publicada en el BOE de 11 de agosto, confirma la suspensión de la inscripción: el balance ha de ir verificado por auditor aunque el acuerdo se adopte por unanimidad en junta universal. La dispensa solo opera cuando la operación resulta neutra para los acreedores, esto es, cuando a la reducción sigue un aumento que iguale la cifra anterior.
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El fichero de morosos, cuando la deuda ya se discutía
La STS 1314/2026, de 23 de julio, aprecia intromisión ilegítima en el derecho al honor porque la prestataria había impugnado el contrato - primero fuera y después dentro del juzgado - antes de que sus datos se comunicaran al fichero. Lo determinante no es el resultado del pleito, sino el orden de las fechas.
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El Supremo interpreta por primera vez la multirreincidencia de la LO 1/2026
La STS 352/2026, de 20 de mayo, fija los primeros criterios sobre la reforma del hurto: el artículo 234.2 y la hiperagravación del 235.1.7.ª no computan las mismas condenas anteriores, y en el régimen transitorio manda la fecha del hecho enjuiciado. La misma ley agrava el hurto de teléfonos móviles.
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La exoneración del deudor no libera a su avalista
El artículo 492 del texto refundido de la Ley Concursal excluye de la exoneración a los obligados solidarios, fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores. Su acción de regreso queda afectada en las mismas condiciones que el crédito principal.
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Junta universal sin acta: a quién corresponde probar que se celebró
El Tribunal Supremo sitúa en la sociedad la carga de acreditar que la junta se celebró con asistencia de todo el capital social. La escritura de elevación a público no suple el acta, y la acción de impugnación no caduca.
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La demanda que no se notifica no interrumpe la prescripción: la STS 1120/2026
El Tribunal Supremo confirma que había prescrito la acción de quien presentó su demanda en plazo ante un juzgado territorialmente incompetente, sin que llegara a admitirse ni a notificarse. La presentación interrumpe, pero condicionada a que el demandado conozca o pueda conocer su contenido.
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Calumnia con publicidad en redes sociales: el límite que fija la STC 52/2026
El Pleno del Tribunal Constitucional deniega el amparo a quien difundió imputaciones delictivas contra dos agentes de policía sin contrastarlas. La resolución recuerda que el requisito de veracidad se exige también fuera del periodismo profesional.
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Deuda con Hacienda y Seguridad Social en la segunda oportunidad: qué se exonera
Las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2026 declaran exonerables sin tope los créditos públicos subordinados y aplican el límite del art. 489.1.5º TRLC a cada administración acreedora. Qué cambia y qué conviene revisar.
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Cese del administrador fuera del orden del día: el Supremo lo extiende al sustituto
La STS 404/2026 admite cesar al administrador único y nombrar a su sustituto en el mismo acto, aunque no constara en el orden del día, cuando ambos acuerdos son conexos. Explicamos su alcance y sus límites.
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El Tribunal Supremo rectifica el derecho de transmisión: vuelta a la doble transmisión
El Pleno de la Sala Primera, en la STS 849/2026, abandona la adquisición directa de 2013 y regresa a la teoría clásica del art. 1006 CC. Explicamos qué cambia, a quién afecta y qué conviene revisar.
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La exoneración del pasivo insatisfecho: qué es y quién puede acogerse
La llamada Ley de Segunda Oportunidad permite al deudor persona natural liberarse de las deudas que no ha podido satisfacer. Repasamos los requisitos, las dos modalidades y, sobre todo, qué deudas quedan fuera.
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