Penal · 16 de noviembre de 2026
Compró la parte de su socio ocultándole que un fondo quería la empresa entera: el Supremo confirma la estafa
Dos socios quieren vender. Uno sabe que un fondo pagará por la sociedad varias veces lo hablado, calla, compra la parte del otro al precio antiguo y revende. El Supremo confirma que eso es estafa: cinco años de prisión y más de once millones de indemnización. Qué se castiga, qué no y en qué se fijó el tribunal.
El caso
La STS 623/2026, de 20 de octubre (Sala Segunda, recurso 8453/2023, ECLI:ES:TS:2026:4418) parte de dos socios que eran dueños, a través de sus respectivas sociedades, del 60 y del 40 por ciento de un grupo cuya filial principal se dedicaba a la distribución de productos del mar. Tras años de relación y con desavenencias entre ellos, los dos querían vender, y habían encargado a una consultora la búsqueda de comprador.
En febrero de 2015 el socio minoritario recibió de un tercero una oferta de cuatro millones de euros por su parte. A finales de mayo, un fondo de inversión pidió información a la consultora para estudiar la compra de la filial, dato que, según los hechos probados, «sólo se puso en conocimiento del acusado», el socio mayoritario. Cuando el fondo comunicó su interés en invertir, éste decidió ocultar la negociación a su socio «para que no se echara atrás con su intención de vender su parte».
Lo que siguió ocupó seis meses. El minoritario, sin saber nada del fondo, firmó en junio con aquel tercero un compromiso de futura venta de sus participaciones por algo más de seis millones. En octubre, el mayoritario se subrogó en la posición del tercero, devolviéndole la señal de un millón y pagándole otro millón más. El 16 de noviembre recibió del fondo una oferta vinculante de 68.350.000 euros por el cien por cien; el 14 de diciembre la firmó, sin tener todavía el cuarenta por ciento de su socio; y tres días después, el 17 de diciembre, compró ante notario esa parte por 5.951.807,17 euros. En junio de 2016 transmitió el conjunto al fondo por 60.968.149,93 euros.
Los hechos probados cifran en 24.387.259,97 euros lo que habría correspondido al minoritario por su cuarenta por ciento, y en 18.435.452,80 euros el perjuicio. La Audiencia Provincial de Madrid condenó al socio mayoritario por estafa a cinco años de prisión, multa de quince meses con cuota diaria de cincuenta euros e indemnización de 11.435.452,80 euros, con la responsabilidad civil subsidiaria de su sociedad. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo confirmó y el Supremo desestima ahora el recurso de casación.
Se puede estafar callando
El artículo 248 del Código Penal castiga a quien, con ánimo de lucro, utiliza «engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno». Aquí nadie afirmó nada falso: el engaño consistió en no decir. La defensa sostuvo que de un silencio no puede salir una estafa, y que el acusado no estaba obligado a informar.
La Sala responde que la estafa por omisión forma parte ya de su doctrina más asentada, y lo formula así: «No solamente engaña a un tercero quien le comunica algo falso como si fuera auténtico, sino también quien le oculta datos relevantes que estaba obligado a comunicarle, actuando como si no existieran, pues con tal forma de proceder provoca un error de evaluación de la situación que le induce a realizar un acto de disposición que en una valoración correcta, de conocer aquellos datos, no habría realizado».
La frase lleva dentro su límite: la ocultación es engaño, dice la propia sentencia, «al menos en los casos en los que el autor está obligado a ello». En este asunto la Sala sitúa ese deber en la condición de socio: la posición de garante del acusado, afirma, «se deriva con nitidez del art. 107 de la Ley de Sociedades de Capital», el precepto que regula la transmisión voluntaria de participaciones entre vivos. No desarrolla más el razonamiento, de modo que conviene no extenderlo por cuenta propia a cualquier negociación entre extraños.
Por qué estafa y no administración desleal
Las acusaciones habían pedido condena también por administración desleal, y la Audiencia absolvió de ese delito. El Supremo explica la frontera con dos ideas. La primera: «en la administración desleal la disposición o acto de disposición se efectúa por el administrador mientras que en la estafa se realiza —como aquí sucede— por el engañado». Fue el socio minoritario quien vendió, creyendo que su parte valía lo que le ofrecían.
La segunda: al comprar, el acusado no actuaba como administrador de la sociedad, sino como un particular, y un particular «que ocultó un hecho absolutamente determinante del valor de las participaciones sociales». La distinción importa más de lo que parece, y completa la que comentábamos la semana pasada a propósito del administrador que se fijó un sueldo sin trabajar: allí el daño lo sufría la sociedad; aquí, directamente el socio.
«Ya había vendido»: el precontrato no le quitó la condición de socio
El argumento de más peso de la defensa era que, cuando el fondo concretó su oferta, el minoritario ya se había comprometido a vender a un tercero y, por tanto, ya no tenía nada que perder ni derecho a ser informado. El Supremo no lo acepta. Lo firmado en junio era un compromiso de futura compraventa, condicionado a una reorganización empresarial y a su posterior escritura; el tercero, recoge la sentencia, en ningún momento adquirió la condición de socio, y el minoritario siguió asistiendo a las juntas como tal. La transmisión de participaciones, además, debe constar en documento público (artículo 106 de la Ley de Sociedades de Capital), y lo de junio era un documento privado.
La Sala añade un argumento de pura lógica: si el tercero hubiera sido ya dueño de las participaciones, al acusado le habría bastado con comprárselas a él, sin necesidad de subrogarse en su posición y firmar después con el propio socio. Y el contrato de compraventa no excluye el delito: puede ser, dice, el vehículo formal del engaño.
Lo que la sentencia no dice
No dice que comprar barato a un socio sea delito, ni que quien negocia tenga que revelar a la otra parte todo lo que sabe o lo que espera ganar. Lo que se castiga es un conjunto preciso: una oferta firme de un tercero por toda la compañía, conocida por uno solo de los socios, ocultada de propósito durante meses y una compra cerrada tres días después de aceptarla. Una expectativa, una valoración optimista o un contacto preliminar no son eso.
Tampoco vuelve a valorar la prueba. El acusado sostenía que su socio conocía las ofertas; la Audiencia no lo creyó, el Tribunal Superior lo confirmó, y el Supremo recuerda que la casación contra una sentencia ya revisada en apelación no es una apelación encadenada: solo comprueba que la respuesta dada fue racional. Con otro relato probado —por ejemplo, si constara que el vendedor estaba al tanto— el resultado habría sido otro. Y la sentencia no explica, porque no se discutió en casación, la diferencia entre el perjuicio que recogen los hechos probados y la indemnización finalmente fijada.
La pena, y el tiempo que hay para reclamar
La estafa básica se castiga con prisión de seis meses a tres años. Cuando el valor de lo defraudado supera los 50.000 euros, la pena pasa a ser de uno a seis años y multa; y cuando supera los 250.000 euros, de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses (artículo 250 del Código Penal). En una compraventa de participaciones de cierta entidad es fácil estar en el tramo alto, que es el que aquí se aplicó.
Dos consecuencias prácticas. Con esas penas, el delito prescribe a los diez años, no a los cinco del tipo básico (artículo 131): en este caso los hechos son de 2015, la acusación se formuló en 2022 y la sentencia firme llega en 2026. Y la condena penal obliga a reparar el daño (artículo 109), de modo que la indemnización se decide en el mismo proceso, aunque el perjudicado puede optar por reclamarla ante la jurisdicción civil.
En qué se fijó el tribunal
La sentencia no permite anticipar cómo se valorará otro caso, pero sí muestra qué pesó en éste:
- Qué sabía cada socio, y desde cuándo. Las fechas lo decidieron casi todo: la oferta vinculante se aceptó el día 14 y la compra al socio se firmó el 17. Correos, ofertas y acuerdos de confidencialidad con su fecha fueron la prueba central, junto con los testigos: el director financiero declaró que no se le facilitó información sobre la venta, y el notario, que nadie mencionó la oferta en la firma.
- Quién recibía la información. Los dos socios habían encargado la búsqueda de comprador, pero las comunicaciones con el fondo llegaban a uno solo.
- La desproporción del precio. El tribunal de apelación subrayó que lo pagado al socio era varias veces inferior a lo que el comprador estaba negociando con el tercero por esas mismas participaciones.
- Si es usted quien vendió y ha sabido después de una reventa inmediata por un precio muy superior, lo relevante no es la diferencia en sí, sino si la otra parte conocía ya una oferta concreta y la calló. Que haya vía penal, civil o ninguna depende de lo que pueda acreditarse.
- Si es usted quien ha recibido la querella, tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, a examinar las actuaciones antes de declarar, a designar abogado y a guardar silencio (artículo 118 LECrim). Lo que se diga en la primera declaración sobre qué se sabía y cuándo suele acompañar al asunto hasta el final.
Esta materia forma parte de nuestra área de Derecho Penal. Si le han citado como investigado por la compra o la venta de una empresa, en defensa penal desde la primera citación explicamos qué ocurre antes y después de declarar; y si la salida de un socio todavía se está negociando, las reglas del juego están en conflictos entre socios.
Este comentario tiene finalidad divulgativa y refleja el estado de la normativa en la fecha de publicación. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individualizado del caso concreto, que puede presentar particularidades determinantes.
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