Civil · 18 de noviembre de 2026

Quiere alquilar su piso a turistas: la comunidad puede prohibirlo por tres quintos, y desde 2025 tiene que aprobarlo antes

La junta de propietarios puede prohibir los pisos turísticos del edificio sin unanimidad: basta el voto de tres quintas partes de los propietarios, que representen tres quintas partes de las cuotas. El Supremo lo confirma en un edificio de Orihuela Costa, y desde abril de 2025 quien quiera empezar necesita antes la aprobación expresa de la comunidad.

El caso: ocho pisos turísticos y un acuerdo de la junta

En noviembre de 2019, la junta de propietarios de un edificio de Orihuela Costa (Alicante) modificó sus estatutos para prohibir el alquiler turístico o vacacional de las viviendas. El acuerdo se aprobó por tres quintos y se inscribió en el Registro de la Propiedad. Tres sociedades propietarias de ocho viviendas lo impugnaron: sostenían que cambiar los estatutos exige unanimidad y que la mayoría reforzada que entonces permitía la ley servía para limitar o condicionar la actividad, pero no para prohibirla.

El Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Orihuela y la Audiencia Provincial de Alicante desestimaron la demanda. La STS 1670/2026, de 29 de octubre (rec. 3393/2022), desestima el recurso de casación, confirma el acuerdo e impone las costas a las recurrentes.

Lo que dice el Supremo

La Sala recuerda que la cuestión ya la había resuelto su Pleno en las sentencias 1232 y 1233/2024, de 3 de octubre, ratificadas por la STS 1205/2025, de 2 de septiembre, y reproduce aquella doctrina. Su núcleo es que prohibir es la forma máxima de limitar: «la posibilidad de limitación conferida legalmente a las comunidades de propietarios de limitar la actividad de pisos turísticos en el inmueble puede suponer también su completa prohibición, que sería el máximo del límite».

Y descarta que eso vulnere el derecho de propiedad: «impedir el uso para alquiler turístico constituye una prohibición, que es legítima, y que, por lo tanto, no cabe negar, dado que no altera el contenido esencial del derecho de propiedad». La regla de la mayoría reforzada funciona, en palabras de la sentencia, como excepción al régimen de la unanimidad, que es el que rige con carácter general para modificar los estatutos.

La ley ya lo dice expresamente desde abril de 2025

El acuerdo de Orihuela se adoptó con la redacción anterior de la ley, y por eso hubo pleito. Hoy la duda no se plantearía. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, reformó la Ley de Propiedad Horizontal con efectos de 3 de abril de 2025, y su artículo 17.12 se refiere ahora al acuerdo por el que se apruebe, limite, condicione o prohíba la actividad de vivienda de uso turístico. Las reglas son estas:

  • La mayoría: tres quintas partes del total de los propietarios, que a su vez representen tres quintas partes de las cuotas de participación, aunque el acuerdo modifique los estatutos.
  • Los gastos: con esa misma mayoría, la comunidad puede fijar cuotas especiales o aumentar la participación en los gastos comunes de la vivienda turística, con un tope del 20 %.
  • Sin efectos retroactivos: la ley lo dice así, de forma expresa, para estos acuerdos.

Y añadió un apartado 3 al artículo 7: el propietario que quiera ejercer esa actividad «deberá obtener previamente la aprobación expresa de la comunidad de propietarios», con la misma mayoría de tres quintos. Si empieza sin ella, el presidente puede requerirle que cese y, si no lo hace, la comunidad puede demandarle por la vía del artículo 7.2, que permite pedir la cesación, una indemnización y, según la gravedad, la privación del uso de la vivienda por un tiempo de hasta tres años.

Si es usted el propietario que quiere alquilar

Desde el 3 de abril de 2025, el silencio de la comunidad no basta: hace falta un acuerdo expreso que apruebe la actividad, además de lo que exija la normativa turística autonómica y municipal. Y si la comunidad ya ha prohibido el uso turístico en sus estatutos, la prohibición le alcanza, también frente a quien compre después, siempre que conste inscrita en el Registro de la Propiedad: la jurisprudencia que la sentencia reproduce exige que estas limitaciones consten de manera expresa y, para ser eficaces frente a terceros, inscritas.

Si la vivienda ya funcionaba como turística antes de que se tomara el acuerdo, la ley excluye los efectos retroactivos, pero cómo se aplica esa regla depende de las circunstancias de cada caso: cuándo empezó la actividad, con qué título administrativo y qué decían entonces los estatutos.

Si es usted el vecino que quiere prohibirlo

La mayoría de tres quintos se cuenta sobre el total de propietarios y de cuotas, no sobre los asistentes. Los ausentes debidamente citados que, informados del acuerdo, no manifiesten su discrepancia en treinta días naturales se computan como votos favorables (artículo 17.8). Y para que la prohibición tenga eficacia frente a futuros compradores, conviene que se incorpore a los estatutos y se inscriba en el Registro de la Propiedad, como se hizo en el edificio de Orihuela.

Plazos para impugnar el acuerdo

Quien no esté conforme puede impugnarlo ante el juzgado si es contrario a la ley o a los estatutos, gravemente lesivo para la comunidad en beneficio de algunos propietarios, o gravemente perjudicial para un propietario que no tenga obligación de soportarlo (artículo 18.1). Están legitimados quienes salvaron su voto en la junta, los ausentes y quienes fueron privados indebidamente del voto, y hay que estar al corriente de pago con la comunidad o consignar la deuda. La acción caduca a los tres meses, o al año si el acuerdo es contrario a la ley o a los estatutos; para los ausentes, el plazo corre desde que se les comunica (artículo 18.3). Y la impugnación no suspende el acuerdo, salvo que el juez lo acuerde como medida cautelar.

Qué conviene revisar

  • Los estatutos inscritos del edificio, y si ya contienen alguna limitación al uso de las viviendas.
  • El acta de la junta: la mayoría alcanzada, sobre propietarios y sobre cuotas, y cómo se comunicó a los ausentes.
  • La fecha en que empezó la actividad turística, si la vivienda ya funcionaba como tal, y su situación administrativa.
  • La fecha del acuerdo o de su comunicación, que pone en marcha el plazo para impugnarlo.

¿Le afecta esta materia?

Primera consulta con cita previa, presencial o por videoconferencia, con valoración de viabilidad y presupuesto de honorarios transparente.

Solicitar cita previa Llamar: 686 25 90 62

Síganos

Actualidad jurídica en nuestras redes