Civil · 11 de noviembre de 2026
Separados de hecho durante años y él seguía pagando: por qué la pensión compensatoria puede ser solo temporal
Un matrimonio vivió separado de hecho nueve años mientras el marido seguía entregando una cantidad cada mes. Al divorciarse, ella pidió una pensión compensatoria vitalicia. La STS 1628/2026, de 19 de octubre, le reconoce la pensión, porque la dependencia económica no se había roto, pero confirma que dure solo tres años: esos nueve años también cuentan.
Dos preguntas que conviene no confundir
Ante un divorcio, la pensión compensatoria plantea dos cuestiones distintas. La primera es si existe derecho a ella: el artículo 97 del Código Civil la reconoce al cónyuge al que la separación o el divorcio produce un desequilibrio económico respecto del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio. La segunda es cuánto dura, porque el mismo precepto prevé que pueda consistir en una pensión temporal, en una pensión por tiempo indefinido o en una prestación única.
La sentencia que comentamos se ocupa solo de la segunda. Nadie discutía ya que la esposa tuviera derecho a la pensión; lo que se discutía era si debía cobrarla de por vida o durante un tiempo limitado. Y la respuesta depende de un dato que en muchos matrimonios pasa inadvertido: los años que la pareja lleva separada de hecho antes de ir al juzgado.
El caso
La STS 1628/2026, de 19 de octubre (Sala Primera, recurso 8589/2025, ECLI:ES:TS:2026:4323) resuelve el divorcio de un matrimonio celebrado en 1997 que se separó de hecho en 2015. Desde entonces, y hasta poco antes de la demanda de divorcio, presentada en febrero de 2024, el marido entregaba a la esposa unos 500 euros mensuales, pagaba los alimentos de los dos hijos y asumía la mayor parte de los gastos de la vivienda familiar, que era de alquiler. Sus ingresos procedían de una sociedad de carácter ganancial que administraba él solo.
La esposa, licenciada universitaria, se había ocupado de la casa y de los hijos, con periodos breves de trabajo por cuenta ajena y una actividad habitual de clases particulares en su domicilio, con seis o siete alumnos, sin alta como autónoma. Tenía 48 años al separarse y rondaba los 59 al resolver el Supremo.
El juzgado le concedió una pensión compensatoria de 600 euros al mes sin límite temporal. La Audiencia Provincial de Pontevedra la redujo a 500 euros y la limitó a tres años, a contar desde el 1 de agosto de 2025. El Supremo desestima el recurso de la esposa y confirma esa limitación.
La separación de hecho no siempre cierra la puerta a la pensión
El punto de partida es una regla que la Sala recuerda: el desequilibrio se mide en el momento de la ruptura, de modo que, «como regla general, no proceda al reconocimiento de la pensión compensatoria cuando se solicita después de una separación de hecho que haya evidenciado la independencia económica de los excónyuges». Quien lleva años viviendo por su cuenta, con su propia economía, difícilmente puede alegar que el divorcio le empeora.
Pero la regla tiene una excepción, y este caso es un ejemplo de ella: cuando la separación de hecho no ha ido acompañada de una efectiva desvinculación económica y quien pide la pensión ha seguido dependiendo del otro. Los pagos mensuales del marido durante nueve años demostraban precisamente eso, y por eso el derecho a la pensión no se puso en duda.
Vitalicia o temporal: un pronóstico, no una regla de edad
Fijar un límite temporal es, dice la Sala, una posibilidad que el tribunal puede utilizar o no, según que la temporalidad perjudique o no la función de restablecer el equilibrio. Para decidirlo hay que «valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto», mediante un juicio de futuro que ha de ser prudente y estar fundado en los factores del artículo 97: edad y salud, cualificación profesional y probabilidades de acceso a un empleo, dedicación pasada y futura a la familia, duración del matrimonio y de la convivencia, y medios económicos de cada uno.
La sentencia repasa los casos en que la Sala ha preferido la pensión sin límite: mujeres de más de 55 o de 61 años que llevaban décadas sin trabajar, sin una cualificación atractiva para el mercado laboral o con problemas de salud. Y recuerda que la perspectiva de género está ya incorporada a la propia pensión compensatoria, lo que «no supone que toda solicitud de pensión compensatoria vitalicia deba ser necesariamente atendida»: significa que en cada caso se ponderan los factores de desigualdad que aparecen con la ruptura.
Por qué aquí fueron tres años
El artículo 97 distingue entre la duración del matrimonio y la de la convivencia conyugal, y esa distinción es la que decide el caso. En un sentido, la separación de hecho no perjudicó el derecho de la esposa, porque la dependencia económica se mantuvo. En el otro, la Sala entiende que esos años no pueden contarse como si la convivencia hubiera seguido: «no es igual la situación de quien se ve sorprendida por una ruptura conyugal a los 48 años, y ha dispuesto de un considerable margen para mejorar su situación laboral, que la de quien pasa por la misma crisis a los 59 años».
A ello sumó otros datos del caso: los hijos tenían ya 13 y 17 años al separarse la pareja, y hoy 24 y 28, de modo que la dedicación futura a la familia era prácticamente inexistente; la esposa tenía formación universitaria y una actividad docente continuada, aunque fuera a tiempo parcial; y, sobre todo, la sociedad de la que vivía el marido es ganancial, de modo que ella tendrá derecho a la parte que le corresponda de sus rendimientos, que hasta entonces administraba él en exclusiva. La Sala añade una observación que conviene retener: «Durante esos nueve años, además, la recurrente no ha llevado a cabo ninguna iniciativa para regularizar la situación económica inherente a la separación de hecho».
Con todo ello, el Supremo confirma el pronóstico de la Audiencia: tres años más, sumados a los que ya tuvo para reorganizar su futuro laboral, permiten esperar razonablemente que supere el desequilibrio.
Lo que la sentencia no resolvió
La esposa sostuvo en casación que los pagos mensuales de aquellos años eran un acuerdo tácito entre los cónyuges que debía respetarse al fijar la pensión. La Sala no entró en ello porque era una cuestión nueva, no planteada en primera instancia ni en apelación, y añadió que, en todo caso, esos pagos acreditaban la dependencia económica, pero no que se hubiera pactado una pensión vitalicia. Es decir: la sentencia no dice que un acuerdo así no pueda existir ni que nunca vincule; dice que en este pleito no se alegó a tiempo ni se probó. El primero de los factores del artículo 97 son, precisamente, los acuerdos de los cónyuges, y cuando constan por escrito el debate es muy distinto.
Tampoco revisó los ingresos reales del marido, que la esposa consideraba muy superiores a los declarados: la valoración de la prueba corresponde a los tribunales de instancia, y la casación solo la corrige ante un error patente. Lo que no se prueba en el juzgado difícilmente se recupera después.
Qué conviene tener presente
- El tiempo de separación de hecho pesa en los dos sentidos. Puede impedir la pensión si hubo independencia económica, y, si no la hubo, puede acortar su duración, porque se valora como tiempo disponible para reorganizarse.
- La edad no decide por sí sola. Pesa junto a la formación, la actividad laboral mantenida, la salud y la dedicación que todavía exija la familia. Las cifras y los plazos de este caso son los suyos y no sirven de referencia para otro.
- La liquidación de los gananciales influye. Lo que cada uno vaya a recibir de ella, como aquí la parte en la sociedad familiar, entra en el cálculo del desequilibrio y de su duración.
- Lo acordado por escrito vale más que lo pagado de hecho. Un pago mantenido durante años acredita dependencia, pero no fija por sí mismo la cuantía ni la duración de la pensión.
- La pensión fijada no es inmutable. Puede modificarse por alteraciones en la fortuna de cualquiera de los dos (artículo 100 del Código Civil) y se extingue, entre otras causas, por el cese de la causa que la motivó, por nuevo matrimonio del acreedor o por vivir maritalmente con otra persona (artículo 101).
Un último dato de coste: al desestimar el recurso, la Sala impuso a la esposa las costas de la casación y acordó la pérdida del depósito.
Esta materia forma parte de nuestra área de Derecho Civil, donde se trata también la separación, el divorcio y la liquidación del régimen económico matrimonial.
Este comentario tiene finalidad divulgativa y refleja el estado de la normativa en la fecha de publicación. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individualizado del caso concreto, que puede presentar particularidades determinantes.
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