Deudas con Hacienda

Una deuda tributaria pasa por dos periodos. Mientras está en periodo voluntario se paga sin recargo y caben todas las opciones: pagar, aplazar, fraccionar o recurrir la liquidación. Cuando ese plazo vence sin pago empieza el periodo ejecutivo, y con él los recargos; y si tampoco se paga tras la providencia de apremio, llega el embargo.

Cada paso de uno a otro encarece la deuda y estrecha lo que puede discutirse. Por eso lo primero no es decidir si la deuda es justa: es saber en qué momento está y qué plazo corre desde la notificación.

Esta página explica esos plazos con la norma que los fija. Es información divulgativa: la valoración de un asunto concreto exige ver la notificación y el expediente.

El artículo 65.1 de la Ley General Tributaria permite aplazar o fraccionar la deuda, en periodo voluntario o ejecutivo, cuando la situación económico-financiera impide pagar de forma transitoria. Esa dificultad hay que justificarla con la solicitud (art. 46.3 del Reglamento General de Recaudación, Real Decreto 939/2005). Y cuando la dificultad no es transitoria sino definitiva, el camino ya no es el aplazamiento sino la exoneración del crédito público en la segunda oportunidad, con los límites que fijó el Supremo en febrero de 2026: lo explicamos en deuda con Hacienda y segunda oportunidad.

El momento importa. Pedido en periodo voluntario, impide que se inicie el periodo ejecutivo, de modo que no hay recargo, aunque los intereses de demora siguen corriendo (art. 65.5 LGT). Pedido en periodo ejecutivo, cabe hasta que se notifique el acuerdo de enajenación de los bienes embargados; Hacienda puede seguir con el apremio mientras lo tramita, pero no puede vender lo embargado hasta resolver.

Sin garantía hasta 50.000 euros. El artículo 82 exige, en principio, aval bancario o seguro de caución, pero su apartado 2.a) permite dispensarla por cuantía, y la Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo, fijó ese límite en 50.000 euros para las deudas que gestiona la Agencia Tributaria. Por encima, y si no se consigue aval, cabe ofrecer otras garantías, como hipoteca o fianza.

Lo que no se puede aplazar (art. 65.2 LGT): las retenciones e ingresos a cuenta practicados, los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades y los impuestos repercutidos — el IVA típicamente —, salvo que se justifique que las cuotas no se llegaron a cobrar. Estas solicitudes se inadmiten, y conviene saberlo antes de presentarlas.

Concedido, los plazos vencen los días 5 o 20 de cada mes (art. 52.1 del Reglamento). Y el incumplimiento tiene consecuencias serias: una fracción impagada de una deuda que estaba en voluntario abre el periodo ejecutivo con su recargo y, si tampoco se atiende, se dan por vencidas las demás (art. 54).

El artículo 188 de la Ley General Tributaria reduce la sanción un 30 % si se presta conformidad con la regularización, y el importe que quede, otro 40 % si se paga en el plazo voluntario y no se recurre ni la liquidación ni la sanción.

Es un ahorro real y a veces la mejor opción. Pero se pierde si después se recurre: Hacienda exige la reducción aplicada sin más trámite. La decisión, por tanto, es jurídica antes que económica, y conviene tomarla con la propuesta de sanción delante, no después de pagar.