Administrativo · 19 de noviembre de 2026

Avisó a tiempo de que cambiaban los ingresos de casa y le reclaman la pensión no contributiva: lo que dicen los tribunales

Comunicar en treinta días que suben los ingresos de casa obliga también a la Administración: debe reducir o interrumpir el pago desde el mes siguiente y regularizar al cerrar el año. Por eso el TSJ de Asturias anuló una reclamación de nueve meses, y el de Castilla-La Mancha liberó a una pensionista de devolver 7.895,59 euros pagados por error ajeno.

Una carta que llega después de haber hecho lo correcto

Es una situación frecuente. Un hijo que vive en casa encuentra trabajo, o le renuevan el contrato con un sueldo mayor. La madre, que cobra la pensión no contributiva, lo comunica en cuanto lo sabe y pide que le revisen la pensión. La pensión sigue llegando igual unos meses más. Después llega una resolución que la declara extinguida desde el año anterior y le reclama todo lo cobrado desde enero. La pregunta es si, habiendo avisado a tiempo, tiene que devolverlo todo y de golpe.

Lo que la norma exige al pensionista

El artículo 16.1 del Real Decreto 357/1991 obliga a comunicar «en el plazo máximo de treinta días» cualquier variación de la convivencia o de los «recursos económicos propios o ajenos computables por razón de convivencia». Los artículos 368 y 372 de la Ley General de la Seguridad Social recogen la misma obligación y añaden la declaración anual de ingresos del primer trimestre. Si no se comunica y de ello resulta un cobro indebido, el mismo artículo 16.1 ordena devolverlo desde el mes siguiente al cambio. Avisar, por tanto, no evita que la pensión se recalcule: lo que evita es que la deuda se acumule sin que nadie la vea.

Lo que la norma exige a la Administración

La otra mitad está en el artículo 17 del mismo Real Decreto. Cuando los ingresos previstos aumentan y de ello puede derivarse una rebaja o la extinción de la pensión, el organismo gestor, «sin perjuicio de la regularización que proceda una vez concluido el ejercicio económico de que se trate, revisará el importe de la pensión o interrumpirá el pago de ésta, con efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que se hubiera producido la variación». Y el artículo 25.3 fija la regularización del año anterior antes del 31 de octubre. Es decir: el aviso abre un camino concreto, que es ajustar el pago en ese momento y hacer las cuentas al cerrar el año.

El TSJ de Asturias: avisada a tiempo, no cabe extinguir hacia atrás y reclamar en bloque

La STSJ de Asturias 1609/2026, de 6 de octubre (Sala de lo Social, rec. 160/2026, ECLI:ES:TSJAS:2026:2426) resuelve exactamente ese caso. La pensionista comunicó el 3 de julio de 2024 que el contrato de su hijo se había renovado el 19 de junio y pidió que se revisara la pensión. La Consejería extinguió la pensión con efectos de 31 de diciembre de 2023 y le reclamó 5.092,68 euros, lo cobrado de enero a septiembre de 2024. El Juzgado le dio la razón a la Administración; la Sala, no.

Su conclusión, tras leer juntos los artículos 11, 16, 17 y 25 del Reglamento, es que «cuando la beneficiaria de la PNC comunica en tiempo y forma variaciones en su situación […] lo procedente es interrumpir el pago o reducir el importe de la pensión y, una vez finalizado el ejercicio, proceder a la regularización correspondiente». Anula por eso la resolución, «sin perjuicio de la suspensión en el pago de la pensión y la regularización que proceda».

Conviene leer bien ese inciso final. La sentencia no declara que no haya nada que devolver: declara que la Administración eligió un camino que la norma no prevé para quien avisó, y le manda seguir el correcto. Lo que finalmente resulte dependerá de las cuentas del año cerrado.

El TSJ de Castilla-La Mancha: cuando el error es de la Administración

El segundo caso es el inverso, y más favorable. En la STSJ de Castilla-La Mancha 213/2026, de 11 de febrero (rec. 1925/2024, ECLI:ES:TSJCLM:2026:390), la pensionista no comunicó en treinta días que su hijo se había ido de casa, pero sí lo hizo constar en sus declaraciones anuales: desde la de 2020/2021 dijo que solo vivían ella y su marido. La Administración siguió calculando la pensión como si fueran tres durante dos años y, al advertir su error, le reclamó 7.895,59 euros, que iba a descontarle de una pensión que ya era menor que la cuota mensual del descuento.

La Sala aplica la doctrina de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de abril de 2018 (Čakarević contra Croacia), tal como la acoge el Tribunal Supremo, y razona que «la beneficiaria ha actuado siempre de buena fe, sin efectuar alegación falsa o inexacta que indujera a error». Declara su derecho «a no devolver cantidad alguna» y, a la vez, confirma el nuevo cálculo de la pensión en adelante. Las dos cosas van separadas: la pensión se ajusta, pero el error ajeno no se le carga a ella.

Lo que estas sentencias no dicen

Son sentencias de dos Tribunales Superiores de Justicia, no doctrina del Tribunal Supremo, y cada una resuelve sobre sus hechos. Ninguna dice que avisar a tiempo exima siempre de devolver: el artículo 17 habla de regularizar al cierre del año, y esa regularización puede arrojar una cantidad. Y la doctrina Čakarević no es una regla automática, sino un juicio de proporcionalidad en el que pesan la buena fe del pensionista, la diligencia de la Administración y la situación económica de quien debe devolver. Tampoco cambian el plazo de prescripción: el artículo 55.3 de la Ley General de la Seguridad Social lo fija en cuatro años, «incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la entidad gestora».

Qué conviene tener a mano si le llega la reclamación

  • La prueba de que avisó y cuándo. El justificante de registro de la comunicación, con su fecha, y las declaraciones anuales presentadas. Es lo que separó estos dos casos de una percepción indebida corriente.
  • Qué pidió al avisar. En Asturias, la pensionista pidió expresamente que se revisara la pensión o se suspendiera el pago, y la Sala lo destaca.
  • Desde qué fecha le reclaman. Si la resolución extingue la pensión con efectos anteriores al cambio que usted comunicó, ahí está el primer punto que revisar.
  • El plazo. Contra la resolución cabe reclamación previa en treinta días desde su notificación; si no se contesta en cuarenta y cinco, se entiende denegada, y desde entonces hay otros treinta para la demanda, a la que hay que acompañar «inexcusablemente» el justificante de la reclamación (artículo 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social). Sin reclamación previa no hay demanda posible.

Cada expediente depende de sus fechas y de sus papeles, y es ahí donde se decide si la reclamación es correcta, excesiva o improcedente.

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