Administrativo · 12 de noviembre de 2026

Vive con un hijo o con su excónyuge y le quitan la pensión no contributiva: quién cuenta en la unidad de convivencia

Dos sentencias recientes explican lo que la Administración suma y lo que no puede sumar: el sueldo del hijo con el que vive cuenta íntegro, pero el excónyuge del que está separado judicialmente no cuenta aunque compartan techo.

La pensión se mira por hogares, no por personas

Quien cobra una pensión no contributiva rara vez vive solo. Vive con un hijo que volvió a casa, con una hija que nunca se fue, con un nieto, con un hermano, o en la misma casa que la persona de la que se separó hace años. Y la ley no mide los ingresos de la persona, sino los de la unidad económica de convivencia: si quien vive con el pensionista gana lo bastante, la pensión se extingue aunque el pensionista no tenga un euro propio.

La regla está en el artículo 363 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, al que remite el artículo 369 para la jubilación. Hay unidad económica «en todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado». Es decir: el cónyuge, los hijos y los padres, los nietos y los abuelos, y los hermanos, por consanguinidad o por adopción (artículo 13 del Real Decreto 357/1991). No entran los parientes por afinidad: la nuera o el yerno que viven en la casa no forman parte de la unidad, aunque sus ingresos sí que se tengan en cuenta de otro modo si están casados con un hijo que convive, porque a este se le imputa la mitad de lo que gana su cónyuge.

El límite que no se puede superar es el límite de acumulación de recursos: la cuantía anual de la pensión más el 70 por ciento de esa cifra por cada conviviente menos uno; y cuando se convive con hijos o con padres, dos veces y media ese resultado (apartados 2 y 3 del mismo artículo, y artículo 11 del Real Decreto 357/1991). En la sentencia madrileña que se comenta más abajo, el límite para una madre que vivía con su hijo era de 25.073,30 euros en 2022 y de 28.834,30 en 2023: ese es el orden de magnitud. Los ingresos del hijo que trabaja superan esa cifra con facilidad.

Con la cuantía de 2026, 8.803,20 euros al año (artículo 2.5 del Real Decreto-ley 3/2026), el límite es de 14.965,44 euros para dos convivientes, 21.127,68 para tres y 27.289,92 para cuatro; y cuando entre ellos hay padres o hijos del pensionista, 37.413,60, 52.819,20 y 68.224,80 euros. Las cifras completas y el cuadro de lo que cuenta y lo que no están en devolución de la pensión no contributiva.

Madrid: el sueldo del hijo cuenta por su importe bruto, y hay que avisar

La STSJ de Madrid 496/2026, de 29 de septiembre (Sala de lo Social, recurso de suplicación 387/2026, ECLI:ES:TSJM:2026:12492) resuelve el caso de una pensionista de jubilación no contributiva desde 2010 que vivía con su hijo. En 2022 el hijo ganó 27.671,21 euros brutos; la Comunidad de Madrid extinguió la pensión con efectos de enero de 2022 y le reclamó 11.602,55 euros cobrados hasta octubre de 2023.

La pensionista alegó que lo que de verdad disponía la unidad era el rendimiento neto, 23.939,69 euros, por debajo del límite. El tribunal no lo admitió: con la doctrina del Tribunal Supremo que cita (STS de 7 de febrero de 2024, recurso 826/2021, que recoge la rectificación legal posterior a la STS del Pleno de 28 de octubre de 2009), «los ingresos de la unidad económica de convivencia no se computan por rendimientos netos, sino por rendimientos brutos». La cuenta se hace con lo que figura en la declaración de la renta del hijo, antes de impuestos y cotizaciones.

El segundo reproche es el que más conviene retener. El artículo 16.1 del Real Decreto 357/1991 obliga a comunicar en treinta días cualquier variación de la convivencia o de los recursos propios o ajenos, y el tribunal entendió que, aunque el sueldo del hijo no se conociera del todo hasta final de año, la pensionista «sí debió comunicar a la demandada, durante el transcurso del año, que con su estimación, si los ingresos continuaban de forma regular, al finalizar el año se podía superar el umbral». No haberlo hecho es un incumplimiento que le resta fuerza a la buena fe que después se invoca.

Y aun así la devolución se redujo. La Sala aplicó el juicio de proporcionalidad de la doctrina Čakarević (sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de abril de 2018), tal como la ha recibido el Tribunal Supremo, y razonó que la Administración podía consultar la declaración de la renta desde que termina el plazo para presentarla, en julio de 2023, de modo que «desde el mes de julio pudo comprobar que no se mantenían los requisitos y cesar en agosto de abonar la prestación». La devolución alcanza hasta julio de 2023, no hasta octubre: tres mensualidades menos, por la demora de la propia Administración.

Cataluña: el excónyuge con el que comparte casa no cuenta si la separación es judicial

La STSJ de Cataluña 5457/2026, de 16 de octubre (Sala de lo Social, recurso de suplicación 4183/2025, ECLI:ES:TSJCAT:2026:8668) parte de una situación frecuente entre personas mayores: un matrimonio separado judicialmente en 2007 que años después volvió a vivir en la misma casa, él como usufructuario de la mitad y ella como propietaria de la otra mitad. La Generalitat sumó a la unidad la pensión de la exmujer y el rendimiento del inmueble, extinguió la pensión del marido con efectos de 2022 y le reclamó 13.679,91 euros.

El juzgado y la Sala le dieron la razón al pensionista. La separación judicial suspende la vida en común (artículo 83 del Código Civil), y volver a vivir bajo el mismo techo no la reanuda mientras los dos cónyuges no lo comuniquen al juez que decretó la separación (artículo 84). Con la doctrina que la propia Sala catalana había fijado en 2017 apoyándose en la STS de 29 de abril de 2015 (recurso 921/2010): «existiendo separación legal […] no concurrían los requisitos para considerar que integraban una unidad económica, en los términos exigidos legalmente», aunque compartan domicilio.

Dos cautelas que la sentencia deja claras. La primera: vale la separación judicial, no la de hecho; dos cónyuges que simplemente hacen vidas aparte en la misma casa siguen formando unidad. La segunda: la Generalitat invocaba una instrucción del IMSERSO de 2022, de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas, que manda incluir al cónyuge separado mientras no haya divorcio. El tribunal no la siguió. Es la misma lección de las sentencias que comentamos en octubre: los criterios internos del IMSERSO no vinculan a los jueces.

Lo que conviene revisar si le han extinguido la pensión por la gente con la que vive

  • Quién ha contado la Administración. Solo el cónyuge y los parientes de sangre hasta el segundo grado. Ni el yerno, ni la nuera, ni la pareja de hecho, ni el amigo que alquila una habitación.
  • Si vive de verdad en la casa. El padrón es un indicio, no una prueba definitiva: un hijo empadronado que lleva años viviendo y trabajando fuera no forma parte de la unidad.
  • Si está separado judicialmente de la persona con la que comparte casa. Entonces no hay unidad, y sus ingresos no se suman.
  • Qué límite se ha aplicado. Con hijos o padres el límite es dos veces y media mayor; un error en ese factor cambia el resultado.
  • Desde cuándo le reclaman. Si la Administración pudo saberlo antes por la declaración de la renta, la devolución puede acortarse, como en Madrid.

Y antes de que llegue la resolución: cuando un hijo vuelve a casa, o empieza a trabajar, o un familiar se instala, hay treinta días para comunicarlo. Avisar no evita que la pensión se recalcule, pero evita que la devolución se acumule durante años y, como se ha visto, pesa después en el juicio sobre la buena fe. Si la resolución ya ha llegado, el plazo para la reclamación previa es de treinta días desde la notificación (artículo 71 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social), y sin ella no cabe demanda.

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