Administrativo · 7 de noviembre de 2026
Vasectomía fallida sin informar del riesgo: el Supremo reconoce a la pareja un derecho propio a reclamar
El derecho a ser informado antes de una operación es solo del paciente, pero omitirlo puede causar a su pareja un daño propio que la sanidad pública debe indemnizar. Lo declara el Tribunal Supremo (STS 1174/2026, de 21 de octubre) para quien quedó embarazada tras la vasectomía de su marido, sin que les advirtieran de que podía fallar.
El caso
Un hombre se sometió a una vasectomía en un hospital público de la Comunidad de Madrid. Con el tiempo, los conductos se recanalizaron por sí solos y su esposa quedó embarazada. La pareja, que ya tenía dos hijos, no había sido informada de ese riesgo, y reclamó 70.000 euros a la Administración.
El recorrido muestra hasta qué punto cambió el resultado en cada escalón:
- Administración. No contestó en plazo y los reclamantes acudieron a los tribunales. Ya con el pleito en marcha, resolvió reconocer 6.000 euros al paciente y nada a su esposa, por falta de legitimación.
- Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Subió la indemnización del paciente a 12.000 euros y mantuvo el rechazo a la esposa: el derecho a la información es personalísimo y solo él podía reclamar.
- Tribunal Supremo. La STS 1174/2026, de 21 de octubre (Sala Tercera, Sección Quinta, recurso 8395/2024, ECLI:ES:TS:2026:4327) estima el recurso, reconoce la legitimación de la esposa y fija 35.000 euros para cada uno, con el interés legal desde la fecha de la reclamación.
El derecho es del paciente; el daño, no solo suyo
La sentencia no amplía el derecho a la información. El artículo 5.1 de la Ley 41/2002 dice que su titular es el paciente, y la Sala lo mantiene: es un derecho personalísimo, y la información puede darse también a la pareja solo si el paciente lo permite. La esposa, por tanto, no reclama por no haber sido informada ella.
Reclama por otra cosa. La vasectomía de una pareja estable es, dice la Sala, «una decisión adoptada en el ámbito de la planificación familiar», y las consecuencias de su fracaso «afectan por igual a ambos miembros de la pareja». De ahí la distinción: al paciente se le lesiona un derecho fundamental, y «para su pareja surge un daño propio y autónomo, que es también de carácter moral, pues la falta de información le priva de su facultad de autodeterminación en relación con la planificación familiar». Sin conocer el riesgo, ella no pudo decidir si recurrir a otro método anticonceptivo.
Como ese daño es propio, le basta con el artículo 32.1 de la Ley 40/2015, que da derecho a ser indemnizado por toda lesión que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. La doctrina fijada dice así:
«En los supuestos de omisión de información relevante sobre el riesgo de fracaso de una intervención de vasectomía, la pareja estable del paciente ostenta legitimación activa para reclamar responsabilidad patrimonial por haber sufrido un perjuicio propio vinculado a la frustración de su capacidad de planificación reproductiva y autodeterminación personal como consecuencia directa del funcionamiento anormal del servicio sanitario. Tal legitimación no deriva de una titularidad compartida del derecho al consentimiento informado, que corresponde exclusivamente al paciente, sino de la existencia de un daño autónomo e individualizado padecido por quien resultó afectada por las consecuencias de dicha omisión informativa.»
Qué se indemniza, y qué no
Lo que se paga no es el nacimiento. La Sala recoge su jurisprudencia anterior: «no hay nacimientos equivocados o lesivos», y los gastos de crianza no son, en principio, un daño, porque responden a un deber de los padres. Tampoco basta una simple situación de malestar o incertidumbre. Lo que se indemniza es otra cosa: «no resulta propiamente indemnizable el embarazo mismo, pero sí la lesión de la facultad de autodeterminación».
La cuantía no sale de una tabla. El Supremo reprocha a la sentencia anterior no haber explicado por qué fijó 12.000 euros, repasa resoluciones previas sobre ligaduras de trompas, un dispositivo intrauterino y otra vasectomía, con cantidades de entre 60.000 y más de 84.000 euros, y atiende a las circunstancias de esta familia: dos hijos previos, ingresos no muy elevados y dos personas indemnizadas. Con eso considera razonable lo pedido en la demanda, 70.000 euros, y lo reparte por mitades. Son datos de ese caso, no una referencia que pueda trasladarse sin más a otro.
Hasta dónde llega esta doctrina
Conviene leerla con sus límites, porque el titular invita a ir más lejos de lo que la sentencia va:
- Se refiere a la vasectomía y a la pareja estable. Se apoya en que se trata de una decisión de planificación familiar compartida. No declara que cualquier familiar pueda reclamar por la falta de información en cualquier operación.
- Exige una omisión de información relevante. La propia Administración reconoció aquí que no se había informado del riesgo. La sentencia no analiza qué ocurre si existe un documento firmado que lo menciona, ni si un impreso genérico es suficiente.
- Resuelve sobre la sanidad pública. Es doctrina de la Sala Tercera sobre responsabilidad patrimonial. Frente a una clínica privada la acción es civil, y esta sentencia no la resuelve.
Lo que sí afirma con carácter general es la base: el paciente al que no se informa de un riesgo sufre un daño moral indemnizable. Con arreglo al artículo 4.1 de la Ley 41/2002, la información comprende como mínimo la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias, y el artículo 8.2 exige consentimiento por escrito en las intervenciones quirúrgicas.
Los plazos para reclamar
Son los generales de la responsabilidad patrimonial, y es donde más derechos se pierden:
- Un año para reclamar. El artículo 67.1 de la Ley 39/2015 lo cuenta desde el hecho o desde que se manifiesta su efecto lesivo y, en los daños físicos o psíquicos, desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. La sentencia no se pronuncia sobre el inicio del plazo en un caso como este, de modo que no conviene apurarlo: la operación puede ser antigua y el embarazo, el momento en que el problema aparece.
- Seis meses para resolver. Pasados sin respuesta, puede entenderse que la Administración rechaza la indemnización (artículo 91.3 de la Ley 39/2015). Ese silencio no impide acudir al juzgado, y la resolución que llegue después puede decir otra cosa (artículo 24.3.b)). Es lo que ocurrió aquí: la resolución llegó con el pleito iniciado y la demanda se amplió a ella.
- Dos meses para recurrir una resolución expresa ante la jurisdicción contencioso-administrativa; para el acto presunto, el artículo 46.1 de la Ley 29/1998 habla de seis meses.
En qué se fijó la Sala
La sentencia no permite anticipar qué ocurrirá en otro asunto, que dependerá de lo que conste y de lo que pueda acreditarse. Sí deja ver qué datos pesaron y qué prevé la ley:
- Qué información se dio. Lo decisivo fue la omisión de un riesgo concreto. El paciente tiene derecho a acceder a su historia clínica y a obtener copia (artículo 18.1 de la Ley 41/2002), que es donde debe constar lo informado.
- Quién reclama, y por qué. La pareja no debe invocar el derecho a la información del paciente, sino su propio daño.
- Cómo se cuantifica. El artículo 67.2 de la Ley 39/2015 pide especificar las lesiones y su evaluación económica, si es posible. Las circunstancias familiares y económicas contaron para fijar la cantidad, y el Supremo se quedó en lo pedido en la demanda.
- Cuándo empieza a contar el interés. Aquí, desde la fecha de la reclamación ante la Administración.
Esta materia forma parte de nuestra área de Derecho Administrativo y Fiscal. Quién responde cuando el daño viene de la asistencia sanitaria, cómo se pide la historia clínica y en qué se diferencia la sanidad pública de la privada está explicado en nuestra página de negligencias médicas.
Este comentario tiene finalidad divulgativa y refleja el estado de la normativa en la fecha de publicación. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individualizado del caso concreto, que puede presentar particularidades determinantes.
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