Derecho Administrativo y Fiscal

El Derecho Administrativo es la rama del ordenamiento jurídico que regula la organización y el funcionamiento de las Administraciones públicas y sus relaciones con los ciudadanos y las empresas. Disciplina el modo en que la Administración ejerce sus potestades - sancionadora, expropiatoria, tributaria, de inspección o de fomento - y establece los límites y garantías a que dicho ejercicio queda sujeto.

Su rasgo esencial es que la Administración actúa investida de prerrogativas de las que carecen los particulares: puede dictar actos ejecutivos y ejecutarlos por sí misma. Frente a ello, el ordenamiento articula un sistema de garantías - el procedimiento administrativo, el deber de motivación, el régimen de recursos y, en último término, el control judicial - que constituye el objeto principal de nuestra intervención.

La defensa se desarrolla en dos fases sucesivas: primero en vía administrativa, mediante alegaciones y recursos ante la propia Administración; y, agotada ésta, en vía judicial, ante los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo. El respeto de los plazos de cada fase resulta determinante, pues su transcurso convierte el acto en firme y consentido.

El particular tiene derecho a ser indemnizado por toda lesión que sufra en sus bienes y derechos cuando sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que tenga el deber jurídico de soportar (art. 32.1 de la Ley 40/2015). El daño ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado (art. 32.2), y ha de existir relación de causalidad con el servicio.

Cuando el daño procede de la sanidad pública, el cauce no es el civil, sino este mismo. La Administración no responde del mal resultado - la obligación asistencial es de medios y no de resultado - , sino de que el servicio se haya prestado conforme a la lex artis; tampoco son indemnizables los daños que no hubiera sido posible prever o evitar según el estado de la ciencia en el momento en que se produjeron (art. 34.1 de la Ley 40/2015). Cuestión distinta, y con relevancia propia, es la falta o insuficiencia del consentimiento informado, que los arts. 4, 8 y 10 de la Ley 41/2002 configuran como derecho del paciente.

Lo que con más frecuencia decide el asunto es el plazo. El derecho a reclamar prescribe al año, pero en los daños físicos o psíquicos no se cuenta desde el acto que los causó: empieza a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas (art. 67.1 de la Ley 39/2015). Presentada la reclamación, transcurridos seis meses sin resolución expresa puede entenderse desestimada (art. 91.3), y queda abierta la vía contencioso-administrativa: dos meses desde la resolución expresa o seis desde el acto presunto (art. 46.1 de la Ley 29/1998).

Cuando la indemnización reclamada alcanza o supera los 50.000 euros, el expediente exige dictamen preceptivo del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico - en la Comunitat Valenciana, el Consell Jurídic Consultiu - , que se pronuncia sobre la relación de causalidad y sobre la valoración del daño (art. 81.2 de la Ley 39/2015).