Derecho Administrativo y Fiscal

Le reclaman la devolución de su pensión no contributiva

La resolución extingue la pensión y exige devolver lo cobrado, a veces de cuatro años. Esta página explica por qué ocurre, qué está hoy fuera de discusión, qué sigue discutiéndose y qué límite tienen los descuentos.

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En dos minutos

Me han quitado la pensión no contributiva: ¿qué hago?

Mire la fecha de la notificación: tiene treinta días para presentar reclamación previa ante la Conselleria que dictó la resolución, y sin ella no cabe demanda. Después se revisa el cálculo: qué años reclaman, quién vive con usted y qué ingresos han contado. Si el plazo está a punto de vencer, llámenos al 686 25 90 62.

  • En la Comunitat Valenciana la pensión la gestiona la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda (gestión transferida, artículo 373.2 de la Ley General de la Seguridad Social), y se impugna ante el Juzgado de lo Social, no en lo contencioso.
  • Treinta días desde la notificación para la reclamación previa (artículo 71 de la Ley 36/2011).
  • Solo pueden reclamarle los cuatro últimos años, contados mes a mes (artículo 55.3 de la Ley General de la Seguridad Social).
  • La casa en la que vive no cuenta; de una venta cuenta solo la ganancia (artículo 363.5).
  • Los descuentos no pueden dejarle por debajo de la propia pensión (Real Decreto 148/1996).
  • Si le extinguen la pensión y después bajan los ingresos de casa, no vuelve sola: hay que pedirla de nuevo, y se cobra desde el mes siguiente a la solicitud (artículo 371).
  • La devolución puede reducirse si la Administración tardó en revisar lo que ya podía saber (sentencia 92/2026 del Tribunal Supremo, más abajo).

Lo primero

Los plazos corren desde la notificación

Antes que cualquier otra consideración: hay treinta días desde la notificación para interponer la reclamación previa ante el mismo órgano que dictó la resolución (artículo 71 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social). Es requisito para poder demandar después.

Son plazos de caducidad. Agotados, la resolución queda firme aunque tuviera argumentos en contra, y la deuda se cobra. Es el error que más asuntos cierra antes de empezar.

La revisión, por lo demás, no es excepcional: el control anual de recursos está previsto en la propia norma (artículo 16.2 del Real Decreto 357/1991) y se contrasta con datos tributarios, de modo que un exceso de años atrás puede aflorar de golpe.

De qué hablamos

Por qué se supera el límite sin darse cuenta

La pensión no contributiva — de jubilación o de incapacidad, denominación esta última que sustituyó a la de invalidez por la Ley 2/2025 — no se reconoce de una vez y para siempre. El artículo 369.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social dice que las rentas propias y las ajenas computables por convivencia condicionan «tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, su cuantía».

No se mide solo lo suyo

Se mide la unidad económica de convivencia. El artículo 363.2 fija el tope en la cuantía anual de la pensión más el 70 % de esa cifra por cada conviviente menos uno.

Alguien entra o sale de casa

Un hijo que vuelve, un hermano al que se acoge, un conviviente que empieza a trabajar. Si se convive con ascendientes o descendientes en primer grado, el artículo 363.3 eleva el límite a dos veces y media.

Treinta días para comunicarlo

El artículo 368 obliga a comunicar cualquier variación de convivencia, estado civil, residencia o recursos, y el artículo 16.1 del Real Decreto 357/1991 da para ello un plazo máximo de treinta días.

Y la declaración anual

En el primer trimestre de cada año hay que declarar los ingresos de toda la unidad económica del ejercicio anterior. No presentarla permite suspender cautelarmente el pago, previo requerimiento.

Vender su casa o heredar un piso

No cuenta lo que vale su patrimonio ni el precio de lo que vende, sino la ganancia; y la vivienda en la que vive queda excluida en todo caso (artículo 363.5). Los tribunales superiores de Aragón y Extremadura han corregido en 2026 cuentas de la Administración que no restaban las pérdidas ni los gastos de la venta.

Una indemnización ya no cuenta

Desde el 23 de octubre de 2026 (Ley 4/2026, que reforma el artículo 363.1.d), las indemnizaciones por daños personales en la cuantía legal o judicialmente reconocida no son renta computable. Sí lo siguen siendo los intereses que produzcan y lo que sustituya un sueldo o una prestación.

Las cifras de 2026, y cómo se calcula su límite

La pensión no contributiva es en 2026 de 8.803,20 euros al año (628,80 euros en catorce pagas), según el artículo 2.5 del Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero. Con esa cifra se calculan los demás límites: puede tener rentas propias hasta el 35 por ciento, 3.081,12 euros, sin que se reduzca la pensión; la pensión mínima es el 25 por ciento, 2.200,80 euros; y el complemento por necesitar a otra persona es la mitad, 4.401,60 euros (artículo 364).

El límite de la unidad de convivencia es la pensión más el 70 por ciento de la pensión por cada conviviente menos uno: 14.965,44 euros para dos personas, 21.127,68 para tres y 27.289,92 para cuatro. Si entre los convivientes hay padres o hijos del pensionista, el límite se multiplica por dos y medio: 37.413,60, 52.819,20 y 68.224,80 euros. Los ingresos de los demás se cuentan por su importe bruto, antes de impuestos y cotizaciones, que es lo que figura en la declaración de la renta.

Cifras revisadas el 12 de noviembre de 2026 con el texto del BOE. Los 16.003,20 euros que a veces se citan son otro límite: la compatibilidad de la pensión de incapacidad con un trabajo (artículo 366), no el límite de la unidad.

La cifra

De dónde salen los cuatro años

De la regla general del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social. Su apartado 1 obliga a reintegrar lo percibido indebidamente; el apartado 3 fija la prescripción en cuatro años desde la fecha de cobro o desde que fue posible ejercitar la acción.

Dos consecuencias prácticas. La primera: el plazo corre mensualidad a mensualidad, de modo que lo cobrado hace más de cuatro años ya no es reclamable. Merece la pena comprobar el cálculo, porque no es raro que la cifra arrastre mensualidades prescritas.

La segunda: el precepto excluye expresamente como causa de exención el error imputable a la entidad gestora. Ahí termina el argumento intuitivo; más abajo se ve por dónde vuelve.

Un detalle que despista: el artículo 16.1 del Real Decreto 357/1991 sigue diciendo cinco años. El reglamento no se actualizó cuando la Ley 55/1999 redujo el plazo. Manda la ley: son cuatro.

El cómputo de rentas

Qué cuenta y qué no cuenta para la pensión no contributiva

No cuenta

  • La vivienda en la que vive (artículo 363.5).
  • La venta de la nuda propiedad de esa vivienda si sigue viviendo en ella (TSJ de Aragón, sentencia 486/2026).
  • El valor de un piso heredado: cuenta su renta o la que le imputa el IRPF, no lo que vale.
  • Las indemnizaciones por daños personales, desde el 23 de octubre de 2026 (artículo 363.1.d).
  • Los ingresos del excónyuge del que está separado judicialmente, aunque compartan casa (TSJ de Cataluña, sentencia 5457/2026).
  • El complemento por tercera persona, las prestaciones de dependencia y la asignación por hijo a cargo (artículo 12.4 del Real Decreto 357/1991).
  • La nuera, el yerno o la pareja de hecho no forman parte de la unidad: solo el cónyuge y los parientes de sangre o adopción hasta el segundo grado (artículo 13 del Real Decreto 357/1991).

Sí cuenta

  • El sueldo o la pensión de quien vive con usted y es cónyuge, hijo, padre, nieto, abuelo o hermano, por su importe bruto (TSJ de Madrid, sentencia 496/2026).
  • La ganancia de una venta, restadas las pérdidas del mismo año y los gastos e impuestos de la venta (TSJ de Extremadura, sentencia 345/2026).
  • Los rendimientos de una indemnización una vez cobrada.
  • El dinero heredado, con discrepancia: el criterio interpretativo 6/2024 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social lo computa íntegro; los tribunales superiores de Aragón (sentencia de 12 de enero de 2026) y Canarias (sentencia de 24 de febrero de 2026) sostienen, con la jurisprudencia del Supremo de 2005 y 2012, que solo cuentan los intereses que produce.

El estado de la cuestión

Lo que ya no se discute y lo que sí

Conviene separarlo bien, porque de esa distinción depende toda la estrategia y porque una de las dos noticias es mala.

Ya no se discute que la Administración pueda actuar por sí misma. Durante años muchos de estos expedientes caían por el artículo 146.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que impide a las entidades gestoras revisar sus propios actos declarativos de derechos en perjuicio del beneficiario. La sentencia 412/2026, de 16 de abril, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (recurso 1959/2025) ha unificado doctrina en sentido contrario: no hay revisión, sino acto de gestión ordinaria, porque «la revisión implica la reconsideración de un elemento del acto que existía en el momento inicial en que se dictó», mientras que aquí se responde a un hecho sobrevenido. Y añade que «ni se había generado un derecho incondicional, sino supeditado al mantenimiento de los requisitos para su disfrute, ni se está dejando sin efecto el mismo sino adecuándolo a la realidad posterior». Quien confiara en ese argumento ha de cambiar de terreno.

Sí se discute cuánto hay que devolver. El terreno es el derecho al disfrute pacífico de los bienes del artículo 1 del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tal como lo interpretó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia de 26 de abril de 2018, asunto Çakarević contra Croacia. Bajo el principio de buena gobernanza, que exige de las autoridades prontitud, corrección y coherencia, el Tribunal pondera la ausencia de culpa del beneficiario, el retraso administrativo, el carácter vital de la prestación y el hecho de que se reclame íntegramente sin asumir cuota alguna de responsabilidad. La Sala Cuarta lo aplica desde entonces con normalidad.

Y el criterio que separa un caso de otro es la diligencia de la Administración. En la sentencia 92/2026, de 28 de enero, ECLI:ES:TS:2026:274, (recurso 3239/2024) se reclamaban 17.701,13 euros; el tribunal de suplicación dejó la devolución en 3.144,40 euros — los meses en que la beneficiaria tardó en comunicar la variación — y atribuyó el resto a quien tardó más de dos años en reaccionar. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Administración, declaró firme aquella sentencia y le impuso las costas. En ella se lee, además, que la vieja jurisprudencia contraria «carece de valor referencial»: hay «doctrina abandonada y doctrina viva».

Dicho con la honestidad que corresponde: no hay doctrina unificada sobre pensiones no contributivas en este punto, porque aquella sentencia se resolvió por falta de contradicción. Lo que hay es un criterio vivo y un elemento medible — el tiempo que la Administración tardó en revisar —, al que el artículo 25.3 del Real Decreto 357/1991 añade una referencia útil: la regularización del control anual debía estar hecha antes del 31 de octubre.

Si hay que devolver

Cómo se cobra, y el suelo que la ley protege

El procedimiento está en el Real Decreto 148/1996. La entidad debe dar audiencia por quince días antes de resolver, resolver en tres meses y expresar en la resolución las causas de la deuda, el período, la cuantía y el plazo de reclamación previa.

Notificada, hay treinta días para el pago voluntario. Si no se paga, se practican descuentos sobre las mensualidades: en el tramo propio de una pensión no contributiva, del diez al catorce por ciento.

Y hay un límite que conviene conocer desde el primer día, porque cambia por completo la perspectiva: si el descuento dejara un líquido inferior a la cuantía de la propia pensión no contributiva, la entidad debe ampliar el plazo lo que haga falta para garantizar esa percepción mínima. La deuda no puede dejar a nadie por debajo de ese suelo.

Cómo trabajamos el asunto

Qué se revisa, y en qué orden

1. El plazo

Fecha de la notificación y días transcurridos. Decide si aún cabe reclamación previa o si el asunto va por otra vía.

2. El cálculo

Período reclamado, mensualidades prescritas y cómputo de rentas, que no siempre está bien hecho.

3. El calendario de la Administración

Cuándo pudo conocer la variación, cuándo inició el expediente y cuándo resolvió. Es hoy el argumento principal.

4. La vía y el escrito

Reclamación previa y, si se deniega, demanda ante el Juzgado de lo Social, que es el orden competente aunque resuelva una consejería.

Así se trabaja el asunto en el despacho: la reclamación previa se presenta dentro de los treinta días ante la Conselleria, con el cálculo revisado; si la desestima o no contesta en cuarenta y cinco días, se demanda ante el Juzgado de lo Social de Valencia, y en el juicio es donde se decide qué se devuelve y qué no. La primera consulta es sin coste, en el despacho de Gran Vía del Marqués del Turia o por videoconferencia.

Un dato de orden práctico, por si sirve de consuelo: las comunidades autónomas que gestionan estas pensiones no gozan del beneficio de justicia gratuita que corresponde a las entidades gestoras de la Seguridad Social, según la sentencia 347/2024, de 23 de febrero, del Tribunal Supremo, de modo que pueden ser condenadas en costas cuando recurren sin éxito. Comentamos la cuestión con más detalle en esta pieza de Actualidad.

Dudas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿Tengo que devolver la pensión no contributiva que me reclaman?

No necesariamente toda, y no sin revisarla antes. La Administración puede extinguir la pensión y reclamar lo cobrado por sí misma, sin acudir al juez (sentencia 412/2026 del Tribunal Supremo), pero solo lo de los cuatro últimos años, contados mes a mes (art. 55.3 de la Ley General de la Seguridad Social). La cantidad puede reducirse si la demora fue de la Administración: en la sentencia 92/2026 quedó firme una rebaja de 17.701,13 a 3.144,40 euros. Y si al final hay que devolver, los descuentos no pueden dejarle por debajo de la cuantía de la propia pensión no contributiva (Real Decreto 148/1996). Lo urgente es el plazo: treinta días desde la notificación para presentar la reclamación previa (art. 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social).

¿Cuánto tiempo tengo para reaccionar si me han notificado la resolución?

Poco, y es lo primero que hay que mirar. El artículo 71 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social, exige interponer reclamación previa ante el órgano que dictó la resolución en el plazo de treinta días desde la notificación. La entidad debe contestar en cuarenta y cinco días, y su silencio equivale a denegación. Desde esa denegación, expresa o presunta, hay otros treinta días para presentar la demanda ante el Juzgado de lo Social. Son plazos de caducidad: agotados, la resolución queda firme aunque fuera discutible.

¿Pueden retirarme la pensión sin llevarlo antes a un juez?

Sí. Durante años se discutió si la Administración debía acudir al Juzgado de lo Social por la vía del artículo 146 de la Ley reguladora de la jurisdicción social. La sentencia 412/2026, de 16 de abril, ECLI:ES:TS:2026:1813,, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, ha unificado doctrina en sentido contrario: extinguir la pensión porque años después se supera el límite de rentas, y reclamar lo cobrado desde entonces, no es revisión de un acto declarativo de derechos sino acto de gestión ordinaria. La Administración puede hacerlo por sí misma.

¿Por qué me reclaman cuatro años y no menos?

Porque ese es el plazo de prescripción del artículo 55.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que corre desde la fecha de cobro de cada mensualidad o desde que fue posible ejercitar la acción. Al computarse mes a mes, lo percibido hace más de cuatro años ya no puede reclamarse. Conviene comprobar el cálculo: no es infrecuente que la cifra incluya mensualidades prescritas.

Yo no oculté nada. ¿Eso no cuenta?

Cuenta, y mucho, aunque no en el terreno que primero se piensa. El artículo 55.3 excluye expresamente el error de la entidad gestora como causa de exención, de modo que la buena fe no impide por sí sola el reintegro. Pero desde la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de abril de 2018, asunto Çakarević contra Croacia, la Sala Cuarta pondera la proporcionalidad de la reclamación. En la sentencia 92/2026, de 28 de enero, quedó firme una resolución que redujo una reclamación de 17.701,13 euros a 3.144,40 euros, atribuyendo el resto a la demora de la Administración.

Si tengo que devolver, ¿de cuánto serán los descuentos?

El Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero, regula el procedimiento. Notificada la resolución hay treinta días para el pago voluntario íntegro; después se practican descuentos sobre las mensualidades, que en el tramo propio de una pensión no contributiva van del diez al catorce por ciento. La entidad debe elevarlos si la deuda no se cancela en cinco años, pero con un límite importante: si el descuento dejara un líquido inferior a la cuantía de la propia pensión no contributiva, debe ampliar el plazo lo necesario para garantizar esa percepción mínima.

¿Pierdo la pensión si vendo mi casa o heredo un piso?

No necesariamente. Para la pensión no contributiva no cuenta el valor de lo que se tiene ni el precio de lo que se vende, sino la renta que produce o, si se vende, la ganancia, y la vivienda habitualmente ocupada queda excluida en todo caso (artículo 363.5 de la Ley General de la Seguridad Social). El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (sentencia 486/2026, de 23 de junio) restableció la pensión de quien vendió la nuda propiedad de su vivienda y siguió viviendo en ella, y compensó las ganancias con las pérdidas de otras ventas; el de Extremadura (sentencia 345/2026, de 7 de mayo) descontó de la ganancia los gastos e impuestos de la venta. La venta o la herencia hay que comunicarlas en treinta días.

¿Cuenta como ingreso la indemnización que he cobrado por un accidente?

Desde el 23 de octubre de 2026, no, si se trata de una indemnización por responsabilidad civil por daños personales en la cuantía legal o judicialmente reconocida: lo dice el nuevo párrafo del artículo 363.1.d) de la Ley General de la Seguridad Social, añadido por la Ley 4/2026, de 1 de octubre. Siguen contando los rendimientos que produzca el dinero una vez cobrado y las cantidades que sustituyan un sueldo o una prestación, aunque las pague una sentencia. Una indemnización pactada fuera del juzgado queda en zona dudosa, y la ley no aclara si la regla alcanza a la pensión de jubilación ni qué ocurre con las extinciones anteriores a esa fecha.

¿Cuenta el dinero que he heredado?

Depende de a quién se pregunte, y conviene saberlo. El criterio interpretativo 6/2024 de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social computa el dinero heredado íntegro, como una renta del año. Los tribunales superiores de Aragón (12 de enero de 2026) y de Canarias (24 de febrero de 2026) sostienen, con el Tribunal Supremo de 2005 y 2012, que solo cuentan los intereses que ese dinero produce. Una herencia en dinero no es, por tanto, un caso cerrado.

Me quitaron la pensión y ahora han bajado los ingresos de casa: ¿vuelve sola?

No. Extinguida la pensión, no se reactiva cuando la unidad vuelve a estar por debajo del límite: hay que solicitarla de nuevo, y se cobra desde el primer día del mes siguiente a la solicitud (artículo 371 de la Ley General de la Seguridad Social). Cada mes de espera es un mes perdido; el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo aplicó así el 26 de enero de 2026.

Mi hijo está empadronado en mi casa pero vive fuera: ¿cuenta su sueldo?

El padrón es una presunción que admite prueba en contra. Si el hijo tiene su propio alquiler, sus suministros o su nómina en otro domicilio, no forma parte de la unidad de convivencia aunque siga empadronado: así lo resolvieron el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (21 de abril de 2026) y el de Canarias (27 de enero de 2026). Lo decisivo es la prueba de dónde vive de verdad.

Avisé a tiempo de que mi hijo empezaba a trabajar y me siguieron pagando: ¿devuelvo todo?

No necesariamente. Si usted comunicó la variación en plazo, lo que procede es interrumpir el pago y regularizar al cierre del año, no extinguir y reclamar (artículos 16, 17 y 25.3 del Real Decreto 357/1991). Los tribunales superiores de Asturias (6 de octubre de 2026) y de Castilla-La Mancha (11 de febrero de 2026) han limitado o anulado la devolución cuando el retraso fue de la Administración.

Me reclaman menos de 3.000 euros: ¿puedo recurrir al Tribunal Superior?

En general, no. Contra la sentencia del Juzgado de lo Social no cabe recurso de suplicación cuando la cuantía no supera los 3.000 euros (artículos 191.2.g) y 192.4 de la Ley 36/2011), de modo que el asunto se decide en una sola instancia y hay que llevarlo bien preparado desde la reclamación previa. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana lo recordó el 9 de junio de 2026 en una reclamación de 2.736,79 euros.

¿Quién resuelve en Valencia y ante qué juzgado se demanda?

Resuelve la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat, que tiene transferida la gestión (artículo 373.2 de la Ley General de la Seguridad Social). Contra su resolución se presenta reclamación previa en treinta días ante la propia Conselleria y, si la desestima, demanda ante el Juzgado de lo Social de Valencia, no ante lo contencioso-administrativo.

¿Cuentan la nuera, el yerno o la pareja de hecho?

No forman parte de la unidad económica de convivencia. Solo la integran el cónyuge y los parientes por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado que vivan con el pensionista: hijos y padres, nietos y abuelos, hermanos (artículo 363.4 de la Ley General de la Seguridad Social y artículo 13 del Real Decreto 357/1991).

Esta página tiene carácter divulgativo y no sustituye el asesoramiento sobre un caso concreto. El resultado depende de las fechas, del cómputo de rentas y de las circunstancias personales y económicas de cada beneficiario.

FP

Dirección del área

Fernando Pontes Estevan

Socio director

Abogado en ejercicio desde el año 2000 · Colegiado n.º 14.351 del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia

Dirige personalmente las reclamaciones de pensión no contributiva del despacho: reclamación previa, revisión del cálculo y de la unidad de convivencia, y demanda ante el Juzgado de lo Social de Valencia.

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Contenido revisado el 12 de noviembre de 2026.

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