Mercantil · 20 de noviembre de 2026

El administrador contrató con su propia empresa: por qué la demanda de la sociedad no prosperó

Que el administrador encargue trabajos a una empresa suya está prohibido salvo autorización. Pero para que pague hay que probar un daño: en la STS 1129/2026, de 13 de julio, el Supremo rechaza una reclamación de 399.281,87 euros porque las obras se facturaron a precio de mercado, y la ganancia del administrador no se había pedido en la demanda.

Un proveedor que resulta ser del administrador

Es un descubrimiento frecuente en las sociedades pequeñas. Uno de los socios repasa las cuentas, o pide ver las facturas, y comprueba que el proveedor que hace las obras, el que lleva el mantenimiento o el que presta los servicios es una sociedad del propio administrador, o de un familiar suyo. Nadie lo dijo en la junta y las cuentas anuales no lo mencionaban. La reacción inmediata es pensar que eso basta para exigirle que devuelva el dinero. La sentencia que comentamos explica por qué no basta, y qué hay que acreditar.

Lo que la ley prohíbe al administrador

El artículo 227 de la Ley de Sociedades de Capital obliga al administrador a desempeñar el cargo «con la lealtad de un fiel representante». De ese deber deriva la obligación de abstenerse de realizar transacciones con la sociedad, salvo las ordinarias, en condiciones estándar y de escasa relevancia (artículo 229.1.a), y la prohibición alcanza también a las personas vinculadas (artículo 229.2): entre ellas, el cónyuge y los parientes cercanos, y las sociedades en las que el administrador tiene una participación que le da influencia significativa, que se presume desde el 10 % del capital (artículo 231.1). Además, debe comunicar el conflicto a los demás administradores o, si es administrador único, a la junta, y el conflicto ha de constar en la memoria de las cuentas (artículo 229.3).

La prohibición puede levantarse caso por caso, con una autorización que la ley llama dispensa (artículo 230.2). En la sociedad limitada, cuando se trata de establecer con la sociedad «una relación de servicios u obra», esa autorización debe darla la junta general.

El caso que llegó al Supremo

Una sociedad limitada de trasteros de alquiler encargó durante años la adaptación de sus locales, en exclusiva, a una empresa administrada y participada por quien era a la vez consejero y director general de la propia sociedad. Esas operaciones no aparecieron en las cuentas de 2015 y 2016; se informaron por primera vez en la memoria de 2017, con ocasión de la auditoría. La sociedad, controlada por el socio mayoritario, ejercitó la acción social de responsabilidad contra él y reclamó el sobreprecio que, según sus peritos, había pagado por las obras. El demandado sostuvo que el consejo conocía y aceptaba la contratación y que la demanda era una estrategia del mayoritario para quedarse con su participación a menor precio.

El Juzgado de lo Mercantil núm. 5 de Barcelona le condenó a pagar 481.119,87 euros. La Audiencia Provincial de Barcelona revocó la condena: no constaba una autorización expresa y previa, pero sí la ratificación posterior por el consejo, y, sobre todo, los peritos del demandado la convencieron de que las obras se habían facturado a precio de mercado, e incluso en algunos casos por debajo.

Lo que decide el Supremo: sin daño no hay acción social

La STS 1129/2026, de 13 de julio (Sala Primera, rec. 7662/2022, ECLI:ES:TS:2026:3164) confirma la absolución. La sociedad pedía que se declarara que la ratificación tácita no vale y que la dispensa correspondía a la junta. La Sala no entra en ello, porque la acción social exige un perjuicio a la sociedad: recuerda que «el incumplimiento del deber de lealtad debe haber ocasionado un perjuicio a la propia sociedad, que es el que se pretende indemnizar», y concluye que el análisis del régimen de dispensas «carece de efecto útil» si no se acreditó que se cobrara de más.

Tampoco prosperó el intento de reformular el daño en casación como el margen que la empresa vinculada se quedó por intermediar. La Sala califica de «artificiosa» la distinción entre sobreprecio y sobrecoste y lo resume así: «El daño se habrá causado si a la parte demandante le ha costado de más».

La ganancia del administrador hay que pedirla desde el principio

El artículo 227.2 añade algo que a menudo se olvida: la infracción del deber de lealtad obliga no solo a indemnizar el daño, «sino también la de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador». Es decir, aunque la sociedad no haya pagado de más, el administrador desleal puede tener que entregarle lo que ganó. La sociedad lo invocó, pero solo en el recurso de casación, y la Sala lo rechaza por congruencia: «para que pueda condenarse a la ganancia obtenida por el administrador que ha infringido el deber de lealtad, es necesario que se haya reclamado en tal concepto en la demanda». Deja expresamente sin resolver si esa devolución se pide con una acción propia o dentro de la acción social.

Lo que la sentencia no dice

No dice que contratar con una empresa propia sea lícito si el precio es de mercado: la prohibición del artículo 229 sigue en pie, y la Sala no llega a pronunciarse sobre si hubo o no infracción. Tampoco fija doctrina sobre quién debe autorizar ni sobre si vale una ratificación tácita. Lo que resuelve es una cuestión de prueba y de cómo se plantea la demanda. Y conviene recordar que la acción de responsabilidad no es la única: el artículo 232 deja a salvo las acciones de impugnación, cesación, remoción de efectos y anulación de los actos y contratos celebrados con violación del deber de lealtad, y el artículo 236.2 añade que la autorización o ratificación de la junta no exonera de responsabilidad por un acto lesivo.

Qué tiene a mano el socio que lo descubre

  • La información. En la limitada, los socios que representen al menos el 5 % del capital pueden examinar en el domicilio social, desde la convocatoria de la junta que ha de aprobar las cuentas y con un experto contable, los documentos que soportan las cuentas anuales, salvo que los estatutos digan otra cosa (artículo 272.3). Es lo que permite comparar las facturas con precios reales.
  • La acción de la minoría. Cuando la acción se funda en el deber de lealtad, los socios con ese mismo 5 % pueden ejercitar directamente la acción social, sin pasar por la junta (artículo 239.1, en relación con el 168). Lo que se obtenga es para la sociedad, y si la demanda prospera, total o parcialmente, la sociedad debe reembolsarles los gastos necesarios, con los límites del artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 239.2).
  • Qué se pide. La sentencia enseña que el daño hay que probarlo con precios de mercado comparables, y que, si se quiere la ganancia del administrador, hay que pedirla en la demanda como tal.
  • El plazo. La acción prescribe a los cuatro años desde el día en que pudo ejercitarse (artículo 241 bis).

Cada caso depende de los contratos, de lo que se comunicó y a quién, y de lo que acrediten las facturas; es ahí donde se decide qué acción tiene recorrido.

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