Le retiran la pensión no contributiva y le reclaman cuatro años: qué margen queda

Cómo se llega a una reclamación de cuatro años

La pensión no contributiva — de jubilación o de incapacidad, denominación esta última que sustituyó a la de invalidez por la Ley 2/2025, de 29 de abril — no se reconoce de una vez y para siempre. El artículo 369.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, lo dice sin rodeos: las rentas propias y las ajenas computables por razón de convivencia en una misma unidad económica condicionan «tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, su cuantía».

El límite no se mide solo por lo que cobra el pensionista. Según el artículo 363.2, cuando hay convivencia el tope de acumulación de recursos es la cuantía anual de la pensión más el 70 por ciento de esa cifra multiplicado por el número de convivientes menos uno; y si se convive con ascendientes o descendientes en primer grado, el artículo 363.3 eleva ese límite a dos veces y media. De ahí que el exceso rara vez proceda de un aumento de los ingresos propios: lo habitual es que alguien entre en el domicilio o salga de él, o que un conviviente empiece a trabajar.

Sobre el beneficiario pesan dos deberes distintos. El artículo 368 le obliga a comunicar cualquier variación de convivencia, estado civil, residencia o recursos — el artículo 16.1 del Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, fija para ello un plazo máximo de treinta días —; y le obliga además a presentar, en el primer trimestre de cada año, una declaración de los ingresos de la unidad económica referida al ejercicio anterior. Son deberes que se incumplen sin mala fe con muchísima frecuencia, porque nada en la vida cotidiana de quien acoge a un hermano sugiere que eso deba comunicarse a una administración en treinta días.

De dónde salen exactamente los cuatro años

De ninguna norma de las pensiones no contributivas, sino de la regla general del artículo 55 de la Ley General de la Seguridad Social. Su apartado 1 impone reintegrar lo percibido indebidamente, y el apartado 3 fija la prescripción: la obligación «prescribirá a los cuatro años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las prestaciones por error imputable a la entidad gestora».

Conviene retener dos cosas de ese inciso final. La primera, que el plazo corre mensualidad a mensualidad: cada pago tiene su propia fecha de cobro, de modo que lo devengado hace más de cuatro años ya no es reclamable, y una reclamación que llegue tarde adelgaza sola. La segunda, que la ley previene expresamente el argumento más intuitivo — «el error fue de la Administración» — y lo excluye como causa de exención. Ahí termina el terreno de la ley española; el argumento resucita más abajo, pero por otra puerta.

Un detalle que despista: el artículo 16.1 del Real Decreto 357/1991 sigue diciendo cinco años y remitiéndose al «artículo 56» de una Ley General de la Seguridad Social que ya no existe. El reglamento no se actualizó cuando la Ley 55/1999 redujo el plazo. Manda la ley: son cuatro.

La vía que el Tribunal Supremo cerró en abril de 2026

Durante años, muchos de estos expedientes se ganaban sin discutir el fondo. El razonamiento era el artículo 146.1 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción social: las entidades gestoras no pueden revisar por sí mismas sus actos declarativos de derechos en perjuicio del beneficiario, y deben pedirlo al Juzgado de lo Social mediante demanda. Si la Administración había extinguido la pensión por su cuenta, la resolución caía. La excepción del apartado 2.a) — errores materiales y omisiones o inexactitudes en las declaraciones del beneficiario — no cubría el caso de quien había declarado correctamente.

La STS 412/2026, de 16 de abril (recurso 1959/2025, ECLI:ES:TS:2026:1813, ponente el Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro) ha unificado doctrina en sentido contrario. El caso es el típico: pensión reconocida en 2011; en 2021 el beneficiario se va a vivir con su hermana y se supera el límite de la unidad de convivencia; la comunidad autónoma extingue la prestación y reclama 11.939,13 euros. La Sala concluye que no hay revisión, sino acto de gestión ordinaria, y explica la diferencia con precisión: «mientras la revisión implica la reconsideración de un elemento del acto que existía en el momento inicial en que se dictó, el acto de gestión ordinaria —sea extintivo, suspensivo o modificativo— hace frente a un hecho sobrevenido después del reconocimiento inicial».

De ahí que la reclamación del reintegro no pueda separarse de la extinción, y que no haga falta acudir al juez: «Ni se había generado un derecho incondicional, sino supeditado al mantenimiento de los requisitos para su disfrute, ni se está dejando sin efecto el mismo sino adecuándolo a la realidad posterior». La sentencia recupera y consolida el criterio de la STS de 21 de octubre de 2009 (rcud 2318/2008), ya reiterado por las SSTS 179/2025, de 11 de marzo (rcud 837/2022), y 394/2025, de 7 de mayo (rcud 3934/2022). Este frente, hoy, está perdido, y conviene decirlo antes que nada: quien confiaba en él ha de cambiar de terreno.

El terreno que sigue abierto: la doctrina Çakarević

El otro frente no discute que la Administración pueda reclamar, sino cuánto. Procede de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de abril de 2018, asunto Çakarević contra Croacia, sobre el derecho al disfrute pacífico de los bienes del artículo 1 del Protocolo n.º 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Una ciudadana croata había cobrado el subsidio de desempleo más allá del plazo legal por un error administrativo prolongado durante casi tres años; se le exigió devolverlo todo, con intereses.

El Tribunal admitió que proteger los fondos públicos es un fin legítimo, pero exigió un justo equilibrio bajo el principio de buena gobernanza, que reclama de las autoridades «prontitud, corrección y coherencia», señaladamente en prestaciones sociales. Y apreció cuatro elementos que rompieron ese equilibrio, tal como los sintetiza la Sala Cuarta: la ausencia de culpa de la beneficiaria; el retraso y la falta de buena administración, porque «cuanto más tiempo pasa, más difícil es para el ciudadano devolver unas sumas que ya ha incorporado a su sustento diario»; el carácter vital de la prestación y la vulnerabilidad de quien la cobra; y la reclamación íntegra con intereses, sin que la Administración asumiera cuota alguna de responsabilidad por su propio error.

La Sala Cuarta ha incorporado ese criterio con naturalidad. Lo ha aplicado, entre otras, en las SSTS 530/2024, de 4 de abril (rcud 1156/2023); 631/2024, de 29 de abril (rcud 1158/2023); 812/2024, de 30 de mayo (rcud 1093/2023); 1186/2024, de 15 de octubre (rcud 806/2022); 180/2025, de 11 de marzo (rcud 1296/2022); 477/2025, de 27 de mayo (rcud 4152/2023); 1136/2025, de 26 de noviembre (rcud 1271/2024), y la STS 408/2026, de 16 de abril (rcud 859/2025, ECLI:ES:TS:2026:1796), dictada el mismo día que la anterior. La fórmula que repite es que los errores «únicamente imputables a las autoridades» no deben remediarse a expensas del ciudadano cuando este actuó de buena fe y las cantidades cubrían necesidades básicas.

Y en las pensiones no contributivas, ¿se aplica?

Aquí hay que ser exacto, porque es donde se decide el asunto y donde más fácil resulta prometer de más. La jurisprudencia sobre Çakarević se ha construido sobre supuestos de error de la Administración, y en la pensión no contributiva lo habitual es una mezcla: una variación sobrevenida que el beneficiario comunicó tarde o no comunicó, y una administración que tardó años en reaccionar.

La STS 92/2026, de 28 de enero (rcud 3239/2024, ECLI:ES:TS:2026:274) aborda exactamente esa mezcla, y su desenlace importa más que su forma. La Junta de Extremadura había extinguido una pensión no contributiva y reclamado 17.701,13 euros; el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en sentencia 309/2024, de 22 de mayo, redujo la devolución a 3.144,40 euros, la correspondiente al único período en que cabía reprochar algo a la beneficiaria — los siete meses que tardó en comunicar la variación —, y atribuyó el resto a la demora de la Administración. El Tribunal Supremo desestimó el recurso de la Junta, por falta de contradicción y de contenido casacional, y declaró firme aquella sentencia.

Formalmente, pues, no hay doctrina unificada sobre pensiones no contributivas. Materialmente, la sentencia dice dos cosas de mucho peso. La primera, que la vieja jurisprudencia según la cual el error de la gestora no limitaba el reintegro está abandonada: «Más que de doctrinas discrepantes, hay que hablar de doctrina abandonada y doctrina viva. Y las sentencias que albergan doctrina abandonada por esta Sala carecen de valor referencial». La segunda, cuál es el criterio que separa un caso de otro: la diligencia de la Administración. En el caso resuelto tardó más de dos años desde la comunicación tardía; en el de contraste, seis meses, con expediente tramitado. Solo en el primero cabe apreciar concurrencia de culpas.

A esa medida de la diligencia contribuye una regla reglamentaria que suele pasar inadvertida. El artículo 25.3 del Real Decreto 357/1991 ordena que la regularización derivada del control anual de recursos esté efectuada el 31 de octubre de cada año, y que, transcurrido ese plazo, la cuantía percibida en el año anterior se considere definitiva — salvo que la procedente fuera superior, que no se hubiera presentado en plazo la declaración o que no se hubieran facilitado correctamente los datos —. Hay que advertir que la STS de 21 de octubre de 2009, recogida por la de abril de 2026, negó que esa limitación reglamentaria pueda prevalecer frente al artículo 55 de la ley. No sirve, por tanto, como excepción autónoma; sí sirve, y mucho, como medida objetiva del retraso administrativo dentro del juicio de proporcionalidad.

Cómo se cobra la deuda, que es lo que angustia

El procedimiento está en el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero. La entidad debe iniciarlo tan pronto conozca los hechos y resolver en tres meses; antes de la propuesta de resolución ha de dar audiencia al interesado por quince días; y la resolución debe expresar las causas de la deuda, el período, la cuantía, el procedimiento de cobro y el plazo y órgano de la reclamación previa (artículo 3). Notificada, se abre un plazo de treinta días para el pago voluntario íntegro; si no se paga, se aplican descuentos sobre las mensualidades.

Los descuentos del artículo 4 van del 21 al 30 por ciento cuando lo que se percibe correctamente iguala o supera la mitad de la pensión máxima; del 15 al 20 por ciento hasta la pensión mínima de jubilación con cónyuge a cargo; y del 10 al 14 por ciento por debajo de esa cifra, que es la banda en la que estará casi siempre una pensión no contributiva. La entidad debe elevarlos si con ellos la deuda no se cancela en cinco años — pero con un límite que conviene conocer, porque cambia por completo la perspectiva del interesado: si el descuento dejara un líquido inferior a la cuantía de la propia pensión no contributiva, la entidad debe ampliar el plazo lo que haga falta para garantizar esa percepción mínima. La deuda, en suma, no puede dejar a nadie por debajo del suelo que la pensión representa.

Qué conviene revisar

Lo primero, las fechas, porque de ellas depende casi todo: cuándo se produjo la variación, cuándo se comunicó o pudo conocerse, cuándo se inició el expediente y cuándo se resolvió. El espacio entre la segunda y la tercera es, hoy, el argumento principal. Lo segundo, el cómputo de las rentas, que no siempre está bien hecho: la STS 184/2026, de 24 de febrero (rcud 2691/2024), ha declarado que las cotizaciones por jubilación ingresadas por la entidad gestora durante el subsidio de desempleo para mayores de cincuenta y dos años no son renta computable a efectos de lucrar una pensión no contributiva.

Lo tercero, los plazos de impugnación, que son cortos. El artículo 71 de la Ley reguladora de la jurisdicción social exige reclamación previa en el plazo de treinta días desde la notificación; la entidad ha de contestar en cuarenta y cinco, y su silencio equivale a denegación; y la demanda ha de presentarse en otros treinta días. El orden competente es el social, aunque quien haya dictado la resolución sea una consejería autonómica, porque la gestión de estas pensiones está transferida a las comunidades autónomas (artículo 373.2 de la Ley General de la Seguridad Social).

Y un último dato, de orden práctico: las comunidades autónomas que gestionan pensiones no contributivas no gozan del beneficio de justicia gratuita que corresponde a las entidades gestoras de la Seguridad Social, según la STS 347/2024, de 23 de febrero (rcud 1901/2021), de modo que pueden ser condenadas en costas cuando recurren sin éxito. Así ocurrió en la propia STS 92/2026.

La materia es objeto de atención doctrinal reciente, para quien quiera profundizar: Miriam Monjas Barrena, «La doctrina Cakarevic y su aplicación según la Sala Cuarta del Tribunal Supremo», e-Revista Internacional de la Protección Social, vol. 11, núm. 1 (2026); y José Fernando Lousada Arochena, «El Tribunal Supremo explica la doctrina Çakarević y su incidencia», Revista de Jurisprudencia Laboral, núm. 2/2026.

Esta materia forma parte de nuestra área de Derecho Administrativo y Fiscal, en su apartado de Seguridad Social. Si acaba de recibir una resolución de este tipo, en devolución de la pensión no contributiva están reunidos los plazos y los pasos; y para las reclamaciones frente a la Administración en general, reclamar a la Administración.