Administrativo · 10 de noviembre de 2026

Un alumno de FP se lesiona en las prácticas en la empresa: el Supremo declara que responde la Administración educativa

Un alumno de un instituto público perdió dos falanges en la empresa donde hacía la fase práctica de su ciclo de FP dual, y la Administración sostuvo que la culpa era de la empresa. La STS 1186/2026, de 22 de octubre, fija doctrina: la formación en la empresa forma parte del servicio educativo y de sus daños responde la Administración.

Las prácticas también son clase

Quien cursa un ciclo de Formación Profesional pasa una parte del curso en una empresa. Si allí sufre un accidente, la primera respuesta que suele recibir es que el centro no tiene nada que ver: el daño se produjo en las instalaciones de la empresa, con sus máquinas y bajo su tutor. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acaba de rechazar ese planteamiento en un caso de FP dual, y lo hace fijando doctrina: la formación que el alumno recibe en la empresa forma parte del servicio educativo del que es titular la Administración, y los daños que se causen en ella son imputables a ese servicio.

El caso

La STS 1186/2026, de 22 de octubre (Sala Tercera, Sección Quinta, recurso 5558/2024, ECLI:ES:TS:2026:4366) parte de un alumno matriculado en el curso 2019-2020 en un ciclo de grado medio de instalaciones frigoríficas y climatización, en régimen de FP dual, en un instituto público de Lucena (Córdoba). La fase práctica se desarrollaba en una empresa con la que el centro había firmado un convenio. El 24 de enero de 2020, manejando una máquina plegadora, sufrió la amputación de las falanges distales de dos dedos de la mano derecha.

Reclamó a la Consejería de Educación por responsabilidad patrimonial. La Administración no contestó, y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestimó después el recurso: las causas del accidente que el alumno alegaba —una máquina sin sensor que detectara la mano en la zona de corte, falta de tutela y de información por parte de la empresa— eran, en su caso, imputables a la empresa, contra la que no se había dirigido la demanda, mientras que la Administración había cumplido lo que el convenio le encomendaba, la formación teórica previa. Añadía que la Administración no puede convertirse en «una aseguradora de carácter universal» de todo lo que les ocurra a los alumnos.

Un solo servicio público, aunque se preste en dos sitios

El Supremo corrige el enfoque desde el principio. La cuestión, dice, no es si la Administración cumplió el convenio con la empresa, que es un acuerdo «ajeno al particular, al alumno reclamante», sino si el daño se produjo en la prestación de un servicio público. Y la FP dual es un servicio educativo único, con una fase teórica en el centro y otra práctica en la empresa, que la Administración dirige, gestiona y supervisa: es ella quien autoriza el proyecto, selecciona a la empresa y decide que el alumno acuda a ella.

Por eso la empresa «no puede ésta ser considerada como un tercero ajeno al servicio, como si la acción formativa a llevar a cabo pudiese ser separada en compartimentos estancos, uno, a cargo del centro docente público y, otro, a cargo de la empresa privada». El convenio es solo «el instrumento que la Administración utiliza para el ejercicio de una competencia propia», y no la desplaza.

La doctrina que fija, en su fundamento sexto, es esta: «La acción formativa llevada a cabo por una empresa conveniada con un centro docente público para la prestación del servicio de enseñanza de formación profesional dual forma parte del servicio educativo del que es titular la Administración, por lo que los daños que puedan causarse a los alumnos derivados de la acción formativa de la empresa son imputables al servicio educativo prestado por la Administración».

Que la culpa fuera de la empresa, o del propio alumno, no cambia la respuesta

La responsabilidad patrimonial del artículo 32.1 de la Ley 40/2015 es objetiva: cubre el funcionamiento normal y el anormal de los servicios públicos. Por eso al Supremo le basta con que el accidente se produjera en el desempeño de la acción formativa, «aunque las causas a las que se atribuya su producción se atribuyan a ésta», la empresa. Si la empresa incumplió el convenio, la Administración podrá reclamárselo después por la vía de los artículos 47 y siguientes de la misma ley; pero esa es una cuenta entre ellas, no con el alumno.

Tampoco le perjudica su propia inexperiencia. En la demanda se había admitido que la impericia del alumno influyó en el resultado, y la Sala lo despacha en una frase: «Se trata de un alumno en formación por lo que la impericia es un rasgo consustancial al servicio formativo que recibe».

La sentencia deja una puerta abierta, y conviene no olvidarla: el «casuismo y variedad de supuestos» no permite excluir que un hecho de la empresa, de un tercero o del propio perjudicado suponga «una interferencia relevante» que desvincule el daño del servicio. Lo que no admite es que el mero hecho de haberse producido el accidente en la sede de la empresa, por actuaciones u omisiones de ésta, baste para exonerar a la Administración.

Qué reconoció y cómo lo calculó

Como el alumno solo había demandado a la Junta de Andalucía y a su aseguradora, el Supremo resuelve únicamente frente a ellas y les condena solidariamente a pagar la cantidad pedida, 42.313,11 euros, con los intereses legales desde la fecha de la reclamación administrativa; la aseguradora, dentro de los límites de su póliza. La cuantía se había calculado aplicando por analogía el baremo de los accidentes de circulación de la Ley 35/2015, como permite el artículo 34.2 de la Ley 40/2015, y las demandadas no la discutieron: pidieron repartirla, un 25 % para la Junta y un 75 % para la empresa, y la Sala lo rechazó porque el daño es «íntegramente imputable al servicio prestado por la Administración».

Dos matices que importan a quien reclame. El primero: la cifra es la de este caso, con sus lesiones y sus informes, y no sirve de referencia para ningún otro. El segundo: la Sala negó los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro contra la aseguradora, que son muy superiores a los legales, porque la reclamación no se dirigió a ella sino a la Administración y hasta la sentencia no quedaron fijados los elementos de la responsabilidad; se le aplica el mismo régimen de actualización e intereses que a la Administración (artículo 34.3).

Plazos y cauce

  • Un año para reclamar, pero no desde el accidente: en los daños físicos el plazo se cuenta «desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas» (artículo 67.1 de la Ley 39/2015). Sobre cómo se fija ese día ya hemos escrito en el año para reclamar: cuándo empieza.
  • A quién: a la Administración educativa titular del centro público, que es la que responde del servicio. En el caso resuelto el alumno no demandó a la empresa, y eso no le impidió obtener la indemnización íntegra.
  • Seis meses tiene la Administración para resolver; pasado ese plazo sin resolución, la reclamación se entiende desestimada (artículos 24.1 y 91.3 de la misma ley). Fue lo que ocurrió aquí: la Junta nunca contestó.
  • Frente a ese silencio cabe el recurso contencioso-administrativo (artículo 46 de la Ley 29/1998). El cómputo de su plazo cuando no hay resolución expresa tiene matices, que explicamos en frente al silencio, seis meses.
  • La prueba del daño sigue siendo del reclamante. Aquí los informes médico y psicológico aportados, ratificados ante el tribunal, no fueron contradichos por las demandadas, y eso pesó en la cuantía.

Hasta dónde llega

La sentencia resuelve un supuesto concreto: centro docente público, FP dual y convenio con la empresa, bajo la normativa de entonces (artículo 42 bis de la Ley Orgánica 2/2006 y Real Decreto 1529/2012). No se pronuncia sobre centros privados o concertados ni sobre otras prácticas, como las universitarias, y sería aventurado dar por hecho que la doctrina se extiende sin más a esos casos.

Ahora bien, el marco vigente refuerza los rasgos en que la Sala se apoyó. La Ley Orgánica 3/2022, de ordenación e integración de la Formación Profesional, declara dual toda la oferta de los grados C y D —entre ellos, los ciclos formativos—, con una fase de formación en empresa de al menos el 25 % de la duración total (artículo 55); hace corresponsables al centro y a la empresa sobre la base de un acuerdo entre ellos (artículo 57.1); dispone que esa formación «en ningún caso, tendrá la consideración de prácticas», sino de formación curricular (artículo 57.3.f); y exige que el alumno haya superado antes la formación en prevención de riesgos laborales, que imparte el centro (artículo 57.3.d). Es decir: hoy todo alumno de ciclo formativo pasa por la empresa, y la propia ley lo llama formación del sistema educativo, no prácticas.

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