Civil · 16 de noviembre de 2026

Los dos decretos de vivienda: el 29/2026 sigue en vigor y el 28/2026, el de los alquileres indefinidos, no llega a aplicarse

El 12 de noviembre la Diputación Permanente del Congreso convalidó el Real Decreto-ley 29/2026 y derogó el 28/2026. El primero, vigente desde el 8 de octubre, toca la prórroga y la renta del alquiler, los desahucios de vulnerables y la compra de la primera vivienda. El segundo iba a cambiar la duración de los contratos el 15 de noviembre y no llegó a hacerlo.

Dos decretos del mismo día, dos destinos

La historia empieza antes. El 29 de septiembre el Gobierno aprobó los Reales Decretos-leyes 26/2026 y 27/2026, y el Congreso de los Diputados los derogó el 2 de octubre. Disueltas después las Cortes, el Consejo de Ministros del 6 de octubre volvió a aprobarlos, con ajustes, como dos normas nuevas, publicadas en el BOE número 249, de 7 de octubre de 2026:

Un real decreto-ley rige desde que se publica, pero tiene que ser convalidado o derogado por el Congreso en treinta días; con las Cámaras disueltas, esa votación corresponde a la Diputación Permanente. El 12 de noviembre, en la misma sesión, la Diputación Permanente acordó convalidar el 29/2026 (BOE-A-2026-23755) y derogar el 28/2026 (BOE-A-2026-23754). Las dos resoluciones se publicaron en el BOE del 13 de noviembre.

El 28/2026: lo que iba a cambiar, y por qué no se aplicó nunca

Era el decreto de los llamados alquileres indefinidos. Daba nueva redacción al artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que, cumplidos los cinco años de contrato (siete si el arrendador es persona jurídica), éste se prorrogase «tácita y obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años», salvo que alguna parte avisara. El preaviso del arrendador pasaba de cuatro a seis meses, y quien decidiera no renovar debía indemnizar al inquilino con la mayor de dos cantidades: doce mensualidades, o una por cada año de residencia, calculadas sobre el valor superior del sistema estatal de referencia de precios de alquiler. Se excluían supuestos tasados, como la necesidad de la vivienda para el propietario o sus familiares, que debían constar por escrito en el preaviso.

Lo decisivo es una fecha. Su disposición final segunda decía: «El presente real decreto-ley entrará en vigor el 15 de noviembre de 2026». La derogación se acordó el 12 y se publicó el 13. De modo que el nuevo régimen de prórrogas e indemnizaciones no llegó a regir ni un solo día, y el texto consolidado de la ley lo refleja ya así: la modificación del artículo 10 que introducía el 28/2026 figura como dejada sin efecto. Ningún contrato ha quedado sometido a esas reglas, y ningún arrendador debe la indemnización que preveían.

El 29/2026, en el alquiler: prórroga, renta y contratos temporales

El 29/2026 rige desde el 8 de octubre, día siguiente a su publicación, y con la convalidación se consolida. En el alquiler, lo que más afecta a quien tiene hoy un contrato:

  • Prórroga extraordinaria de hasta dos años (disposición final quinta). Para los contratos de vivienda habitual vigentes el 8 de octubre cuyo periodo de prórroga obligatoria termine antes del 31 de diciembre de 2028, o que agoten la prórroga tácita o la tácita reconducción, el inquilino puede pedir que el contrato siga, por plazos anuales y hasta dos años, en las mismas condiciones. Exige estar al corriente del pago y haberlo estado durante los ocho meses anteriores. El arrendador debe aceptarla, salvo acuerdo distinto, nuevo contrato, o que haya comunicado en plazo que necesita la vivienda para sí o sus familiares. Es incompatible con la prórroga de las zonas de mercado tensionado, que se aplica con preferencia, y no procede si las partes renuevan o firman un contrato nuevo con una renta al menos un cinco por ciento inferior.
  • Tope a la actualización anual de la renta (disposición final sexta). Hasta el 31 de diciembre de 2027, si no hay nuevo pacto, la subida anual no puede superar el dos por ciento; y si la renta ya supera el límite del sistema de índices de referencia, «no procederá la aplicación de incremento alguno de la renta».
  • La prórroga ordinaria no cambia en lo esencial. El artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos sigue diciendo que, pasados los cinco o siete años, el contrato se prorroga por anualidades hasta tres años más si el arrendador no avisa con cuatro meses de antelación, o el inquilino con dos. Ahora se refiere expresamente a la vivienda habitual.
  • Alquiler de temporada con causa. El contrato temporal tiene que expresar «la causa que motiva el desplazamiento temporal del arrendatario», que ha de ser real y acreditable y que debe probar el arrendador. Sin ella, el contrato se rige como de vivienda habitual desde que se firmó. Dura más de treinta y un días y, como regla, no más de doce meses; si se encadenan más de dos entre las mismas partes y sobre la misma vivienda, el primero se considera de vivienda habitual.
  • Desistimiento. El inquilino puede irse a partir de los seis meses avisando con treinta días (en el temporal, a partir del primer mes con diez días), sin indemnizar al arrendador (artículo 11).
  • Habitaciones y contratos temporales sucesivos. La suma de las rentas de las habitaciones alquiladas a la vez no puede superar la renta de la vivienda completa, y en los contratos temporales sucesivos sobre la misma vivienda la renta no puede subir por encima del índice IRAV (artículo 17).

A eso se añaden un régimen sancionador propio en la Ley de Arrendamientos Urbanos y la obligación de que todo anuncio de alquiler incluya, cuando proceda, el índice de referencia en zona tensionada, el límite de renta aplicable y la condición de gran tenedor del arrendador (artículo 20 del decreto).

Desahucios de personas vulnerables, hasta 2030

El artículo 2 del 29/2026 suspende, hasta el 31 de diciembre de 2030, los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, con dos regímenes distintos según quién demande:

  • Si demanda una entidad dedicada a comprar inmuebles o carteras de préstamos impagados muy por debajo de su valor, el tribunal suspende el proceso, incluso si ya hay sentencia o lanzamiento acordado, siempre que no se haya ejecutado.
  • Si demanda cualquier otro propietario, el tribunal pide a la Administración competente que ofrezca alternativa habitacional; si no la ofrece, suspende el proceso, con revisión cada doce meses y un máximo de tres años. La Administración compensa al propietario persona física la renta dejada de percibir, los suministros impagados y las costas. Y hay un límite que interesa al pequeño propietario: la vulnerabilidad del inquilino «tampoco prevalecerá» cuando quien demanda es una persona física titular de dos o menos viviendas.

En los desahucios por impago de renta con inquilino vulnerable, el decreto añade al artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil una enervación extraordinaria: la Administración tiene dos meses para ofrecer alternativa habitacional o pagar o consignar lo debido; si no hace ninguna de las dos cosas, se subroga en la deuda del inquilino y no hay lanzamiento. Las dos reglas se aplican también a los procedimientos en curso en los que el lanzamiento no se hubiera practicado (disposición transitoria segunda).

Comprar la primera vivienda: la línea TU CASA, con una condición que conviene leer

El artículo 19 crea la línea TU CASA, gestionada por el ICO, para quien compre su primera vivienda habitual con hipoteca, sin límite de edad: un préstamo complementario del bancario por el menor de dos importes, el veinte por ciento del valor de la vivienda o 50.000 euros, al cero por ciento y sin comisiones. Los beneficiarios, los límites y el importe de la línea los fijará un Acuerdo del Consejo de Ministros, de modo que todavía no puede solicitarse hasta que se apruebe.

La condición que pasa desapercibida es ésta: la vivienda comprada con esa financiación queda «sujeta permanentemente a un precio máximo de transmisión», que en las ventas posteriores no puede superar el precio de compra actualizado con el IPC, y si se alquila, la renta tiene que quedar por debajo del índice de referencia. La limitación se hace constar en la escritura y se inscribe en el Registro. Es una ayuda valiosa, pero condiciona la vivienda para siempre, y conviene saberlo antes de firmar.

El mismo decreto limita, hasta 2030, que las entidades dedicadas a comprar inmuebles o carteras de impagados y los grandes tenedores personas jurídicas adquieran viviendas por menos del setenta por ciento de su valor de mercado (artículo 1), y contiene además un título de medidas fiscales (IRPF, IVA, haciendas locales, plusvalía municipal y SOCIMI) que no cabe resumir aquí sin simplificar en exceso.

Qué conviene revisar

Los decretos no permiten anticipar cómo se resolverá cada caso, pero sí qué datos deciden su aplicación:

  • Si es usted inquilino y su contrato termina antes de 2029: la fecha en que acaba la prórroga obligatoria o la tácita, si está al corriente desde hace ocho meses y si la vivienda está en una zona declarada tensionada. La prórroga de la disposición final quinta es «previa solicitud del arrendatario»: hay que pedirla, y conviene hacerlo de forma que quede constancia.
  • Si es usted propietario: el preaviso de no renovación sigue siendo de cuatro meses, no de seis, y no hay indemnización por no renovar, porque esas reglas eran del 28/2026. Sí rigen el tope del dos por ciento en la actualización y la prórroga de hasta dos años si el inquilino la pide y cumple los requisitos.
  • Si tiene un contrato de temporada: que exprese la causa del desplazamiento y que pueda acreditarse, porque sin ella se trata como vivienda habitual desde el principio.
  • Si está en un desahucio: si el lanzamiento ya se practicó o no, quién demanda y si hay informe de vulnerabilidad de los servicios sociales.
  • Si piensa comprar con la línea TU CASA: esperar al Acuerdo del Consejo de Ministros que la desarrolle, y valorar el precio máximo de venta permanente que llevará la vivienda.

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