Penal · 9 de noviembre de 2026
El administrador se fijó un sueldo de gerente sin trabajar: el Supremo confirma la condena por administración desleal
El administrador único de una sociedad limitada de tres socios se asignó una nómina de gerente sin el consentimiento de los otros dos y sin desempeñar esa función. La STS 611/2026, de 14 de octubre, mantiene el año de prisión por administración desleal y explica por qué no le salva alegar que, en todo caso, aquello sería apropiación indebida.
Una nómina que nadie aprobó
En muchas sociedades pequeñas quien figura como administrador es también quien firma las transferencias y da de alta las nóminas. Si un día se asigna un sueldo por un trabajo que dice hacer, y los demás socios no lo han aprobado ni ven ese trabajo, la discusión deja de ser solo societaria. Es la situación que acaba de examinar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y su respuesta interesa tanto a quien administra como a quien es socio sin gestionar.
El caso
La STS 611/2026, de 14 de octubre (Sala Segunda, recurso 7563/2023, ECLI:ES:TS:2026:4379) parte de una sociedad limitada constituida en septiembre de 2019 para explotar un establecimiento de hostelería. El acusado suscribió la mitad de las participaciones y fue nombrado administrador único; los otros dos socios se repartían la otra mitad.
Según los hechos probados, en el ejercicio de sus funciones de administrador se estableció una nómina como gerente del local, sin que ninguno de los otros dos socios lo consintiera y sin efectuar labor alguna de gerencia: no tenía llaves del local y acudió a él en unas cuatro ocasiones. La nómina empezó en 1.000 euros en noviembre de 2019, subió a 1.200 y quedó fijada en 1.325,31 euros mensuales, y la siguió cobrando hasta que el juzgado dictó el auto de procedimiento abreviado.
El Juzgado de lo Penal le condenó por administración desleal a un año de prisión y a indemnizar a la sociedad en 20.442,77 euros, y le absolvió de apropiación indebida por otras transferencias. La Audiencia Provincial le absolvió además del delito societario. El Supremo mantiene la condena por administración desleal y solo corrige el reparto de las costas.
Por qué es administración desleal
El artículo 252 del Código Penal castiga a quien, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, las infringe excediéndose en su ejercicio y causa así un perjuicio al patrimonio administrado. La Sala comprueba los tres elementos: era administrador único, usó esa posición para crearse un puesto y una retribución que los demás socios no habían consentido, y los pagos disminuyeron los fondos sociales sin que la sociedad recibiera nada a cambio.
Y deja claro qué no se está castigando. El fundamento de la condena, dice, «no reside, por ello, en la mera inobservancia de una formalidad societaria ni en una decisión empresarial que, examinada retrospectivamente, se haya revelado desacertada», sino en «emplear las facultades de administración para procurar conscientemente una remuneración propia por unos servicios inexistentes o que la sociedad no recibía».
La pena es la de la estafa: prisión de seis meses a tres años en el tipo básico, con los supuestos agravados del artículo 250, y multa de uno a tres meses si el perjuicio no excede de 400 euros.
«Eso, en todo caso, sería apropiación indebida»
La defensa sostuvo que, si el dinero había salido definitivamente de la sociedad para entrar en su bolsillo, el delito sería el de apropiación indebida del artículo 253, no el de administración desleal por el que se le había condenado. Como de apropiación había sido absuelto, el argumento conducía a la absolución total.
El Supremo lo rechaza en dos pasos. Primero admite que cobrar mediante nómina no excluye la apropiación: «la cobertura formal de una retribución no excluye por sí sola una disposición apropiatoria». Después, recordando su propia doctrina, añade que el administrador que dispone definitivamente de los bienes en perjuicio del administrado comete apropiación indebida, «pero inexcusablemente también ha cumplido la conducta típica de administración desleal». Que la conducta pudiera encajar en el tipo más específico no la convierte en atípica cuando reúne los elementos del delito por el que se acusó y se condenó.
Tampoco le sirvió la absolución por apropiación indebida: se refería a otras transferencias, por pagos de mercancía, y no a las nóminas.
Lo que la sentencia no dice
No dice que todo sueldo de un administrador sea delito, ni que lo sea cualquier retribución discutida entre socios. La Sala evita expresamente resolver si se pueden simultanear el cargo de administrador y un trabajo de gerente, y en qué condiciones podría retribuirse: «La eventual posibilidad de remunerar una actividad laboral diferenciada no legitima el pago cuando esa actividad no es real y no se desempeña».
Tampoco vuelve a valorar la prueba. El recurso procedía de una sentencia de apelación de una Audiencia Provincial, y en ese cauce la casación solo admite la infracción de ley a partir de los hechos probados. Las alegaciones del acusado —que había un acuerdo verbal sobre su sueldo, que los socios lo toleraron, que sí trabajaba— no se examinaron porque contradecían esos hechos. Con otro relato probado, el resultado podría haber sido otro. Y el delito societario del artículo 293, por impedir a los socios el derecho de información, cayó en apelación porque la Audiencia no tuvo por probada esa negativa.
El único punto que el Supremo estimó fue el de las costas: se acusó por tres hechos distintos y solo hubo condena por uno, de modo que el condenado paga un tercio de las de primera instancia y no la mitad.
Qué conviene revisar
La sentencia no permite anticipar cómo se valorará otro caso, pero sí muestra en qué se fijaron los tribunales. Y la Ley de Sociedades de Capital, que la sentencia no necesitó citar, ayuda a ordenar las preguntas:
- Qué dicen los estatutos. El cargo de administrador es gratuito, salvo que los estatutos establezcan otra cosa y determinen el sistema de remuneración (artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital).
- Si hubo acuerdo de la junta. En la sociedad limitada, establecer o modificar cualquier relación de prestación de servicios o de obra entre la sociedad y su administrador requiere acuerdo de la junta general (artículo 220 de la misma ley). En este caso los otros socios no lo consintieron.
- Si el trabajo existe y se puede acreditar. Fue lo decisivo: la sentencia parte de que la gerencia no se desempeñaba.
- Si es usted socio. Además de la vía penal, la ley prevé la responsabilidad del administrador frente a la sociedad y frente a los socios (artículo 236) y permite a la minoría ejercer directamente la acción social cuando se funda en la infracción del deber de lealtad (artículo 239). Cuál conviene depende de cada sociedad.
- Si es usted quien ha recibido la querella. Tiene derecho a conocer los hechos que se le atribuyen, a examinar las actuaciones, a designar abogado y a no declarar (artículo 118 LECrim). Con la pena del tipo básico, el delito prescribe a los cinco años (artículo 131 del Código Penal).
Esta materia forma parte de nuestra área de Derecho Penal. Si ha recibido una querella o una citación por la gestión de una sociedad, en defensa penal desde la primera citación explicamos qué ocurre en cada fase; y si el problema es todavía de socios —cuentas que no se enseñan, acuerdos que no se votaron—, las vías civiles están en conflictos entre socios.
Este comentario tiene finalidad divulgativa y refleja el estado de la normativa en la fecha de publicación. No constituye asesoramiento jurídico ni sustituye el examen individualizado del caso concreto, que puede presentar particularidades determinantes.
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