La exoneración del pasivo insatisfecho: qué es y quién puede acogerse

Qué es

La exoneración del pasivo insatisfecho es el mecanismo por el que el deudor persona natural que no ha podido atender sus deudas obtiene la liberación de aquellas que restan impagadas. Se regula en los artículos 486 y siguientes del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, en la redacción dada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, que traspuso la Directiva (UE) 2019/1023 sobre reestructuración e insolvencia.

Su fundamento no es la benevolencia, sino una consideración económica: el deudor perpetuamente insolvente queda expulsado de la economía formal, y ni sus acreedores ni el sistema obtienen provecho de esa situación. La exoneración persigue devolverlo a la actividad.

Quién puede acogerse

Puede solicitarla cualquier persona natural, sea o no empresario, que se halle en situación de insolvencia y reúna la condición de deudor de buena fe. Conviene deshacer aquí un equívoco extendido: tras la reforma de 2022, la buena fe no se valora conforme a un criterio moral o de esfuerzo del deudor, sino de manera normativizada. El deudor es de buena fe si no concurre ninguna de las circunstancias impeditivas que enumera el artículo 487 del texto refundido —entre otras, haber sido condenado por determinados delitos económicos o contra la Hacienda Pública, o haber sido declarado culpable en el concurso—.

Desapareció asimismo la exigencia de intentar previamente un acuerdo extrajudicial de pagos, que en la práctica operaba como un filín dilatorio.

Dos modalidades

La ley articula dos vías, y la elección entre ambas es la decisión de mayor trascendencia patrimonial del procedimiento:

Exoneración con liquidación de la masa activa. Se realiza el patrimonio del deudor y, con el resultado, se satisface a los acreedores en la medida de lo posible; el resto se exonera. Es la vía más rápida, pero comporta la pérdida de los bienes, señaladamente la vivienda.

Exoneración con plan de pagos. Permite conservar la masa activa —y por tanto la vivienda— a cambio de someterse a un plan de pagos con un horizonte temporal determinado. Es la opción indicada cuando el deudor conserva ingresos recurrentes y un bien que desea preservar.

Qué deudas no se exoneran

Este es el punto que con mayor frecuencia se malinterpreta. La exoneración no alcanza a todo el pasivo. El artículo 489 excluye, entre otras, las deudas por alimentos, las derivadas de responsabilidad civil extracontractual y las procedentes de multas y sanciones.

Especial atención merece el crédito público, que solo resulta exonerable hasta límites cuantitativos tasados y por separado para la Agencia Estatal de Administración Tributaria y para la Tesorería General de la Seguridad Social. Quien arrastra una deuda tributaria elevada debe saber, antes de iniciar el procedimiento, que una parte sustancial de ella subsistirá.

Qué conviene verificar antes de iniciar el procedimiento

De nuestra experiencia, tres comprobaciones evitan la mayor parte de los disgustos: determinar con exactitud qué porción del pasivo es realmente exonerable; comprobar que no concurre ninguna causa impeditiva del artículo 487; y valorar si la conservación de la vivienda compensa el sometimiento a un plan de pagos prolongado. Un cálculo erróneo en el primer punto puede conducir a un procedimiento largo cuyo resultado no resuelva la situación del deudor.

Debe tenerse presente, por último, que la exoneración es revocable si con posterioridad se acredita la ocultación de bienes o el incumplimiento del plan de pagos.