La deuda que no se lista, no se cancela

Una cancelación que puede no alcanzar a todo lo que se debe

Quien acude a la llamada segunda oportunidad lo hace con una expectativa sencilla de enunciar: terminar el procedimiento sin las deudas que no ha podido pagar. El artículo 489.1 del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, en la redacción dada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, parece confirmarla en su encabezamiento: la exoneración del pasivo insatisfecho «se extenderá a la totalidad de las deudas insatisfechas», salvo las que el propio precepto enumera a continuación.

Toda la atención se ha dirigido hasta ahora a ese «salvo»: el crédito público del ordinal 5.º, las deudas por alimentos, la responsabilidad civil derivada de delito, las multas. Las sentencias dictadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo el 18 de febrero de 2026 han añadido una condición de naturaleza distinta, que no figura en esa lista y que opera antes que ella: la exoneración se proyecta sobre los créditos que el deudor identificó, y la resolución que la concede debe expresar cuáles son.

La doctrina de 18 de febrero de 2026

Ese día la Sala Primera dictó un bloque de resoluciones sobre el régimen de exoneración resultante de la Ley 16/2022 — entre ellas la STS 260/2026, de 18 de febrero (recurso 10/2024, ECLI:ES:TS:2026:436), sobre la interpretación del artículo 489.1.5.º, y las STS 262/2026 (recurso 1939/2024) y STS 264/2026 (recurso 3528/2024), de la misma fecha —. Junto a los pronunciamientos sobre el crédito público y las causas de exclusión, el Tribunal razona que la resolución que concede el beneficio ha de contener la relación de los créditos exonerados, sin que quepa una declaración genérica que se complete después.

El argumento es de seguridad jurídica: si la resolución no dice qué se cancela, el deudor no sabe qué ha obtenido y el acreedor no sabe qué ha perdido. La consecuencia práctica se sigue sin esfuerzo, y es la que interesa a quien va a iniciar el procedimiento: el crédito que el deudor no relacionó no queda identificado en la resolución, y su titular dispone entonces de un argumento para sostener que la exoneración no le alcanza.

Dónde nace la carga: el artículo 7.3.º

La relación de acreedores no es un documento accesorio. El artículo 7.3.º del texto refundido obliga a acompañar a la solicitud de declaración de concurso «la relación de acreedores, por orden alfabético», con la identidad, el domicilio y la dirección electrónica de cada uno, la cuantía y el vencimiento de los respectivos créditos y las garantías personales o reales constituidas; y, si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago, la identificación del procedimiento y su estado.

Lo que la doctrina de febrero altera no es el contenido de ese deber, sino su peso. Una omisión en la relación era hasta ahora un defecto subsanable en la fase común; pasa a ser un dato que puede delimitar el alcance de la exoneración. Y las omisiones no siempre proceden del descuido: hay créditos cedidos a un tercero que el deudor desconoce, avales antiguos, deudas de escasa cuantía que nadie reclama, saldos de tarjetas revolventes cuyo titular actual no coincide con la entidad con la que se contrató.

El juez comprueba aunque nadie se oponga

Conviene enlazarlo con otro de los criterios asentados en el mismo bloque de sentencias. Los artículos 498.2 y 502.1 del texto refundido disponen que el juez concederá la exoneración «previa verificación de la concurrencia de los presupuestos y requisitos establecidos en esta ley». El Tribunal Supremo subraya que esa verificación es un deber propio del juez del concurso y no depende de que algún acreedor se haya opuesto.

De ahí se sigue una consecuencia que altera hábitos: la ausencia de oposición no equivale a la concesión. La solicitud ha de sostenerse por sí misma, con explicación del origen del endeudamiento y de las circunstancias en que se produjo, y no meramente por el silencio de la parte contraria.

La cuestión no es pacífica

Hay que decirlo con claridad, porque condiciona cualquier previsión. Frente al criterio expuesto se han pronunciado en sentido contrario varias Audiencias Provinciales — se citan resoluciones de las de Sevilla y Cádiz —, que sostienen que la exoneración alcanza a los créditos concursales anteriores a la resolución figuren o no en la relación, siempre que no estén entre las excepciones del artículo 489. El apoyo textual de esa tesis es el propio encabezamiento del precepto, que habla de la totalidad de las deudas insatisfechas y no de las relacionadas.

Es una discrepancia de fondo, no de matiz, y todavía no está cerrada. Mientras lo esté, la prudencia aconseja no confiar el resultado a la interpretación más favorable: relacionar un crédito que después resulte irrelevante no perjudica a nadie; omitirlo puede obligar a discutirlo después, con el procedimiento ya concluido.

Qué conviene revisar

Antes de presentar la solicitud, conviene detenerse en cuatro extremos. El inventario de deudas debe reconstruirse con documentación, no de memoria: la información crediticia del Banco de España, los certificados de deuda de las entidades, las notificaciones de la Agencia Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social y los ficheros de solvencia patrimonial permiten cerrar el círculo mejor que el recuerdo.

Conviene comprobar, en segundo lugar, quién es hoy el titular de cada crédito, porque la cesión a fondos de recobro es frecuente y el acreedor que reclamará mañana puede no ser el que aparece en el contrato. En tercer lugar, no perder de vista la distinción entre lo que no se relacionó y lo que no es exonerable por naturaleza: un crédito del artículo 489.1 subsiste aunque figure impecablemente en la lista. Y en cuarto lugar, tener presente que el artículo 490 permite a los acreedores cuyos créditos se extinguen solicitar la revocación de la exoneración, de modo que la exactitud de lo declarado sigue importando después de obtenida.

Cuánto de esto resulta determinante depende del caso: no es igual un concurso sin masa del artículo 37 bis que una exoneración con plan de pagos, ni pesa lo mismo un pasivo básicamente bancario que uno con componente público relevante.

Esta materia forma parte de nuestra área de Derecho Concursal. El recorrido del procedimiento, y por qué el inventario ha de estar completo desde el principio, en ley de segunda oportunidad.