Extranjería · 7 de noviembre de 2026

Le deniegan la renovación de la residencia por una reseña policial: por qué no basta por sí sola

Una reseña policial deja constancia de una actuación policial; no acredita que se haya cometido un delito. El Tribunal Supremo (STS 1134/2026, de 8 de octubre, y STS 733/2026, de 11 de junio) ha anulado dos denegaciones de renovación de residencia humanitaria apoyadas en ella y exige a la Administración una valoración completa, individualizada y motivada del caso.

Una línea en un informe que no se conocía

Se pide la renovación del permiso con la documentación en regla y la respuesta es una denegación de pocas líneas: consta una reseña policial. Puede tratarse de una detención de hace años, de una denuncia que no siguió adelante o de un atestado del que nadie volvió a saber. Quien la recibe no suele saber qué dice ese informe, si eso basta para dejarle sin autorización ni cuánto tiempo tiene para reaccionar. Esas son las tres preguntas que conviene ordenar.

Reseña policial y antecedente penal no son lo mismo

Un antecedente penal procede de una condena. Una reseña, en palabras de la STS 1134/2026, de 8 de octubre (Sala Tercera, rec. 3885/2025, ECLI:ES:TS:2026:4225), es una «mera constancia administrativa de una actuación policial sin resolución judicial firme».

La ley habla de lo primero. El artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000 exige en su apartado 5, para autorizar la residencia temporal, carecer de antecedentes penales, y en su apartado 7 dispone que para renovarla se valorarán, en su caso, «los antecedentes penales, considerando la existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad». Y el Supremo ha llamado la atención sobre la «incoherencia que supone denegar la renovación ante la mera existencia de un informe gubernativo desfavorable» y, en cambio, posibilitarla cuando el interesado ha sido condenado en firme.

Los dos casos que ha resuelto el Supremo

En la STS 733/2026, de 11 de junio (rec. 5035/2024, ECLI:ES:TS:2026:2623), un ciudadano venezolano con residencia por razones humanitarias vio denegada la renovación con este único motivo: «ser notificada por el Cuerpo Nacional de Policía una reseña de la persona solicitante». Después se supo que la reseña recogía una detención por delitos contra la seguridad vial y falsedad documental, con puesta en libertad, pero no qué hechos fueron ni cómo terminó aquello. La Sala fijó este criterio: «no es suficiente un informe policial desfavorable y el eventual inicio de actuaciones penales para denegar la renovación de la autorización de residencia por razones humanitarias concedida al amparo de la normativa reguladora del derecho de asilo».

La STS 1134/2026 resuelve un caso muy parecido, con una reseña por un presunto delito de usurpación. La Abogacía del Estado pidió que se declarara que las reseñas debidamente valoradas son causa suficiente, y la Sala respondió que «un informe policial negativo, en el que únicamente consta una mera reseña acrítica de los antecedentes policiales, no basta». Si la Administración deniega, debe «realizar una ponderación completa, individualizada y motivada» de la persistencia de las razones humanitarias y de la eventual afectación de esos hechos a la seguridad o al orden público.

Lo que la Sala echa en falta es muy concreto: el contenido de la reseña, su estado procesal, la gravedad real de los hechos y su conexión con el orden público. El deber de motivar lo apoya en el artículo 35 de la Ley 39/2015. En los dos asuntos anuló la denegación y reconoció la renovación; eso responde a lo que constaba en esos expedientes y no se traslada sin más a otro.

¿Vale solo para la residencia humanitaria?

Las dos sentencias resuelven esa autorización, la de los artículos 37.b) y 46.3 de la Ley 12/2009, y en ese terreno pesa además la lógica protectora del asilo. Pero la doctrina sobre la reseña no nace ahí. La STS 733/2026 reproduce lo dicho el 3 de septiembre de 2025 (rec. 4425/2023) sobre la renovación de residencia y trabajo: «ni la constancia de un informe gubernativo desfavorable ni la incoación de unas diligencias penales eximen de la necesidad de valorar el resto de circunstancias concurrentes, entre ellas las personales del interesado». Y recuerda que la misma insuficiencia de los antecedentes policiales sin evolución judicial conocida se ha declarado en el arraigo social, la larga duración, la residencia permanente, la prórroga de estancia por estudios, la residencia por enfermedad y la de familiar de ciudadano de la Unión.

Aquellos asuntos se rigieron por el Reglamento anterior. El vigente, el Real Decreto 1155/2024, va en la misma dirección. Su artículo 78.1.e) solo permite denegar la residencia y trabajo por cuenta ajena cuando se valore que el solicitante representa una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública «y esta circunstancia quede debidamente acreditada y motivada en un informe policial», causa que su artículo 80.8 extiende a la renovación. Y su artículo 130.2, para el arraigo y otras circunstancias excepcionales, dice que los antecedentes en el informe policial no supondrán «por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización».

Lo que estas sentencias no dicen

No dicen que lo que conste a la policía sea irrelevante. La Administración puede tenerlo en cuenta, y una denegación que explique los hechos, su recorrido judicial y por qué suponen una amenaza real y actual es otra cosa. Tampoco alcanzan a una condena firme, que tiene su propio régimen en el artículo 31 citado.

Y hay una cuestión abierta que importa en la práctica: quién tiene que probar cómo terminó aquello. En otro asunto, la Audiencia Nacional razonó que «corresponde al interesado acreditar que dichas actuaciones no dieron lugar a ningún procedimiento penal o que el mismo, de haberse iniciado, haya sido archivado». El Supremo admitió ese recurso por auto de 13 de mayo de 2026 (rec. 102/2026, ECLI:ES:TS:2026:4616A), y entre lo planteado está la carga de la prueba. No nos consta que se haya resuelto a la fecha de este comentario, de modo que sobre ese punto concreto no hay todavía una respuesta de la Sala.

Los plazos que corren entre tanto

La denegación ha de indicar los recursos que proceden, ante quién y en qué plazo, y eso es lo primero que hay que leer. Con carácter general, el recurso administrativo se interpone en un mes si la resolución es expresa (artículos 122.1 y 124.1 de la Ley 39/2015), y el contencioso-administrativo, en dos meses desde la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa (artículo 46.1 LJCA). Si se opta por el recurso potestativo de reposición, no cabe acudir al juzgado hasta que se resuelva o se entienda desestimado (artículo 123.2 de la Ley 39/2015).

Si lo que hay no es una denegación sino silencio, la respuesta cambia. La disposición adicional primera, apartado 2, de la Ley Orgánica 4/2000 y el artículo 80.9 del Reglamento dan por concedida la renovación de residencia y trabajo a los tres meses sin resolución expresa. Esa regla no vale para cualquier autorización, y la renovación de la residencia humanitaria vinculada al asilo tiene una regulación muy escasa, como la propia Sala advierte, de modo que hay que comprobar cuál se tiene antes de contar con ello.

Qué conviene revisar

Para quien acaba de recibir la denegación cuentan, primero, la fecha de la notificación y el recurso que indica; después, si la resolución explica los hechos o se limita a mencionar la reseña; qué dice en realidad el informe policial del expediente; cómo terminó el procedimiento, si lo hubo, y qué documento lo acredita, sea un archivo, un sobreseimiento o una absolución; el certificado de antecedentes penales; y las circunstancias personales que la Administración debe ponderar, como el tiempo en España, el trabajo y la familia. Si la causa penal sigue abierta, lo que ocurra en ella pesará en el expediente de extranjería. Cada asunto depende de esos datos.

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